El Defensor tramita quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares

Madrid, 28 may (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado que la institución tramita quejas de ciudadanos por las "temperaturas extremas" en las aulas, que en 2025 dieron lugar a recomendaciones, como instalar sombras en los centros y reacondicionarlos para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados para detallar las actuaciones de la institución en 2025, Gabilondo se ha referido a estas situaciones, que en las últimas semanas están generado protestas en muchas comunidades por parte de padres y miembros de la comunidad educativa ante el calentamiento de las aulas por las elevadas temperaturas.

"Persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares; se han reabierto las actuaciones ante algunas administraciones por la falta de acondicionamiento de los centros", ha señalado el defensor.

Según recoge el informe de la institución, una de las recomendaciones se dirigió a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en noviembre de 2025.

"Que se adopten las medidas necesarias para que la instalación de sombras en centros educativos no se dilate más de un año y los centros puedan estar correctamente preparados para afrontar las altas temperaturas de modo que se garantice el bienestar de los alumnos y de toda la comunidad educativa", propone la institución.

 En su exposición, ha insistido en su preocupación por los retrasos en la valoración de la discapacidad, los problemas en vivienda, la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios, las dilaciones judiciales, las homologaciones de las titulaciones de los estudios extranjeros, las listas de espera sanitarias o los retrasos en expedientes de nacionalidad o los inconvenientes que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería.

Ha incidido en la falta de respuesta por parte de algunas comunidades ante la petición que formuló en 2023 de los datos de casos de explotación sexual de menores tutelados para emitir una resolución. Ha recordado que han remitido: Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia, Melilla y Navarra, así como las diputaciones forales vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y los conselles insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca.

Sobre el problema de la vivienda, ha señalado que "requiere una respuesta estructural y coordinada para garantizar el derecho en España a una vivienda digna". EFE