María López
Madrid, 27 may (EFE).- El caso de Leire Díez que se investiga en la Audiencia Nacional ha escalado, y el juez Santiago Pedraz ha pasado de investigar supuestas mordidas en contratos públicos a intentar esclarecer una presunta trama para desbaratar procedimientos que afectaban al PSOE o al Gobierno, con supuestos pagos del PSOE a esta exmilitante socialista.
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El magistrado ha enviado a la Guardia Civil a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, a requerir documentación y ha imputado en el procedimiento al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes, al sospechar de pagos irregulares a Leire Díez por sus supuestas maniobras.
Se trata de una ampliación del procedimiento por presuntas mordidas en contratos públicos que estalló en diciembre con la detención de Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el propietario de Servinabar Antxon Alonso, considerado posible socio de Cerdán en la investigación del caso Koldo.
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Pedraz investigaba desde diciembre a Díez, expresidente de la SEPI, y a Antxon Alonso por formar un grupo autodenominado Hirurok ('nosotros tres', en euskera) orientado presuntamente a conseguir comisiones a cambio de orientar expedientes públicos, en beneficio propio o de terceros. El juez cifró en al menos 750.614 euros las supuestas mordidas en cinco operativas, canalizados supuestamente a través de la mercantil Mediaciones Martínez.
Ahora, el magistrado pasa a investigar también por este motivo a Santos Cerdán, al que considera el superior jerárquico del resto del grupo y al que atribuye decisiones estratégicas para ubicar al resto en puestos relevantes de la administración pública y, por ejemplo, mantener la capacidad de influencia y decisión en la SEPI, tras la dimisión del expresidente por su imputación en un caso judicial.
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Los registros de la primera vertiente del caso han llevado a Pedraz a investigar esta supuesta trama para intentar debilitar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno, unas presuntas maniobras por las que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset llevan investigados desde octubre de 2025 en un juzgado madrileño, pero que ahora el juez conecta con Cerdán, al que pone en la cabeza, y con supuestos pagos procedentes del PSOE.
Pedraz también ha dirigido esta causa, declarada secreta, contra el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset; el abogado de Cerdán Jacobo Teijelo, el abogado Ismael Oliver, que fue letrado del exasesor Koldo García, y el guardia civil Juan Sánchez Yepes.
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Además, el magistrado ve indicios contra el que fuera mano derecha de Cerdán, el diputado Juan Francisco Serrano Martínez, y contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, por posible colaboración, pero opta por no investigarles y esperar al desarrollo de la causa para concretar su responsabilidad penal.
Los últimos pasos dados por el juez suman siete nuevos investigados. Pedraz aprecia posibles delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
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Las presunta maniobras de Leire Díez y Pérez Dolset están siendo investigadas desde octubre en el Juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que buscaba esclarecer varias actuaciones que Pedraz señala en su auto como intentos de soborno a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, y ofertas a guardias civiles para obtener información del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón o el mando de la Guardia Civil Antonio Balas.
En esta causa los investigados, y también Cerdán, admitieron reuniones mantenidas en Ferraz en abril de 2024 de Leire Díez y Pérez Dolset en las que se trataron causas judiciales, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.
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Es en esas jornadas donde Pedraz sitúa ahora el inicio de esta presunta trama, con un supuesto encargo de Cerdán para desestabilizar "causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno" y considera el magistrado que el ex secretario de Organización del PSOE habría puesto a disposición "la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de la actividad.
Pedraz cifra en 4.000 euros al mes el pago que "con cargo a fondos del partido" habría acordado abonar Cerdán a Leire Díez, a través de una sociedad de Zarrías y del abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García.
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El ahora investigado Gaspar Zarrías declaró como testigo en el juzgado madrileño y sostuvo que había contratado a Leire Díez en 2024 para que culminase una investigación periodística sobre si el excomisario José Villarejo estaba relacionado con el procedimiento de los ERE, sin que el PSOE tuviera nada que ver en este trabajo.
En sus sospechas sobre los pagos a Leire Díez, Pedraz apunta a la figura de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, a quien el juez ve indiciariamente responsable, al menos como cómplice, como posible autora de facturas mendaces.
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También cree Pedraz que Leire Díez tendría acceso a fondos para sobornar a fiscales y apunta a un ofrecimiento de 300.000 euros al fiscal Grinda, o a un intento de "comprar" con 50.000 euros a Carmen Cano, la empresaria que declaró haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE, entre otras posibles acciones de esta supuesta trama.
Otro actuación que se investiga son denuncias contra miembros de la UCO que habrían motivando la apertura de expedientes de información reservada dentro de la Guardia Civil. EFE
(foto)
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