El juez ve indicios de que la abogada de Koldo ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para intentar cambiar su declaración sobre los pagos en Ferraz: “Esta se vende”

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que existen indicios de que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para intentar modificar su declaración judicial sobre la supuesta entrega de dinero en efectivo en la sede federal del PSOE de la calle Ferraz. Así lo recoge un auto al que ha tenido acceso Infobae y en el que el magistrado describe una presunta estructura organizada que, según la investigación, trató de influir en procedimientos judiciales sensibles para el entorno del Gobierno y del PSOE.

La resolución judicial sitúa el origen de esta actuación en las declaraciones realizadas por Pano en el marco del llamado ‘caso hidrocarburos’. La empresaria aseguró tanto ante la Policía como posteriormente en distintas instancias judiciales que trasladó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz en octubre de 2020 por orden del empresario Víctor de Aldama. Según su versión, el dinero se entregó en dos bolsas con 45.000 euros cada una.

Pedraz sostiene ahora que la organización investigada puso el foco sobre ella cuando supo que iba a comparecer nuevamente ante el juez. El auto describe que, días antes de esa declaración judicial, el abogado Ismael Oliver, también investigado en la causa, contactó con Leire Díez para advertirle de la importancia de aquella comparecencia y plantear la necesidad de “negociar” con Pano. El magistrado reproduce parte de los mensajes intervenidos: “Es importante y si queréis lo negocio yo”, trasladó Oliver. “Negócialo. Si puedes, hazlo”, respondió Díez, según la resolución.

A partir de ahí, el instructor considera que ambos comenzaron a hablar de la posibilidad de “comprar” a la empresaria. “Esta se vende. Debemos saber comprar”, recoge literalmente el auto sobre aquella conversación. El juez añade que, “del conjunto de elementos obrantes en la causa”, se desprende “de forma indiciaria” que llegó a materializarse un ofrecimiento económico de 50.000 euros canalizado a través de Leticia de la Hoz Calvo, abogada de Koldo García.

Horas después, la letrada ha negado en un comunicado haber realizado dicha oferta económica a la empresaria. “Es completamente falso e infundado que este despacho o la letrada Leticia de la Hoz hayan ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma— a doña María del Carmen Pano Sánchez con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical”, señala el escrito de la abogada.

La investigación sobre la presunta trama

El auto de Pedraz va más allá del episodio relacionado con Carmen Pano y dibuja el funcionamiento de una supuesta organización que, según el magistrado, estaba dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez. El juez sostiene que el grupo habría desarrollado actuaciones encaminadas a “desestabilizar” procedimientos judiciales y actuaciones policiales que pudieran afectar a intereses del Gobierno o del partido.

La resolución describe una estructura en la que también aparecen el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Ismael Oliver, el letrado Jacobo Teijelo y otros investigados. Según el instructor, la presunta organización habría intentado obtener información reservada, influir en investigaciones judiciales y ofrecer contraprestaciones económicas o profesionales a distintos actores relacionados con causas abiertas.

En ese contexto, el magistrado considera que el asunto de Carmen Pano formaba parte de una de las líneas prioritarias de actuación vinculadas al llamado frente de “hidrocarburos”, una estrategia que la investigación relaciona directamente con el ‘caso Koldo’. Pedraz sostiene que el grupo entendía que una eventual nulidad en procedimientos relacionados con el fraude de hidrocarburos podría tener repercusiones posteriores sobre otras causas de mayor impacto político.

La resolución también sitúa a Leticia de la Hoz como intermediaria en el supuesto ofrecimiento económico a Pano. Aunque el auto habla de indicios y no de hechos probados, el juez considera acreditado de forma preliminar que existió una maniobra para intentar alterar el contenido de la declaración de la empresaria. El instructor vincula esa actuación con un patrón más amplio que incluiría contactos con fiscales, mandos policiales y guardias civiles investigados en distintas causas.

Conversaciones y pagos bajo sospecha

El auto dedica buena parte de su contenido a describir la supuesta operativa interna de la organización investigada. Pedraz señala que Leire Díez habría coordinado distintas actuaciones y que incluso habría recibido pagos periódicos presuntamente sufragados a través de sociedades vinculadas a varios de los investigados. El magistrado menciona conversaciones en las que Díez se definía como “mano derecha de Santos” y aseguraba actuar por encargo del PSOE.

Según el juez, el grupo habría mantenido reuniones en la sede socialista de Ferraz y utilizado recursos logísticos y económicos vinculados al partido para desarrollar parte de su actividad. La investigación apunta igualmente a pagos canalizados mediante contratos y facturas supuestamente simuladas.

Dentro de esa dinámica, Pedraz considera especialmente relevante el episodio relacionado con Carmen Pano porque, a juicio del instructor, evidencia la utilización de fondos para intentar condicionar declaraciones judiciales. El auto sitúa ese movimiento después de que las manifestaciones de la empresaria sobre las entregas de dinero en Ferraz trascendieran públicamente y generaran un fuerte impacto político y mediático.

La resolución judicial sostiene que la organización investigada actuaba de manera coordinada y con una estrategia definida. El juez recoge incluso expresiones atribuidas a algunos de los investigados en las que se hablaba de “destruir el procedimiento” o de actuar “sin límite” frente a investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno.

El auto forma parte de las diligencias previas abiertas en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y otros delitos vinculados a la supuesta interferencia en procedimientos judiciales.