El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acceda a los buzones de correo electrónico corporativos del PSOE de varios de sus dirigentes y exdirigentes, que examine los libros de la contabilidad del partido y que rastree los registros de acceso a su sede de Ferraz, en Madrid. Todo ello en el marco del caso Leire Díez, la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan tanto al Partido Socialista como al Gobierno de Pedro Sánchez. El auto, al que ha tenido acceso Infobae, fija un plazo de ejecución “con carácter inmediato” y abarca información desde 2021 hasta la actualidad.

Las cuentas de correo electrónico afectadas son, concretamente, las corporativas de Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE-, de la actual gerente Ana María Fuentes, de Celia Rodríguez, del exresponsable de comunicación Ion Antolín y de otras direcciones vinculadas a la gerencia socialista. El magistrado ha especificado que la ordenanza implica también a las cuentas ya inactivas o deshabilitadas. “Se solicita el volcado íntegro del contenido de los respectivos buzones de correo electrónico asociados a las referidas direcciones, que incluya tanto los mensajes leídos como los no leídos que obren en los buzones correspondientes”, recoge la resolución judicial.

Y, además de los mensajes, los agentes de la UCO tienen orden de acceder a la “estructura completa de carpetas y subcarpetas y su organización departamental” de los investigados, junto con un informe detallado al respecto de las personas responsables de la estructura informática", tanto personal propio como externo, desde 2024 hasta la actualidad. En el caso de que el partido no cumpla el requerimiento, el juez deja abierta la vía de la entrada y registro en la sede de Ferraz.

Visitas, coches y viajes

El auto de Pedraz detalla la información exacta que debe recabarse sobre los accesos físicos a la sede socialista. El magistrado ha reclamado “el detalle de acceso a la sede del PSOE, detallando la fecha y hora de la visita y las personas acompañantes, el motivo de la visita, así como cualquier otra información que figure en la base de datos, libro de registro o sistema de control de acceso” de Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.

Ese rastreo de visitas se extiende a otras personas, como el empresario Joseba Antxón Alonso -vinculado a Cerdán-, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el guarda civil y exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes, el también agente Rubén Villalba y la empresaria María del Carmen Pano. El juez también ha solicitado el “registro completo” de entrada y cuatro vehículos en el aparcamiento subterráneo de la sede, vinculados a Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

A ello se suma la petición de información sobre “todos los viajes, hospedajes, alquileres de vehículos que por parte PSOE se hayan organizado/gestionado en favor de las mismas, tanto de forma individual como conjunta con otras personas”, según recoge el auto.

La agenda de Cerdán y la contabilidad contables

El instructor también ha pedido “toda la información disponible” sobre la agenda institucional de Cerdán, incluidos “todos aquellos documentos, archivos, agendas que puedan evidenciar elementos en este sentido y que fueran gestionados por terceras personas dentro del partido”.

En el plano económico, Pedraz ha ordenado “el examen íntegro in situ de los libros de contabilidad llevados por el partido político en los ejercicios 2024 y 2025, incluyendo el Libro Diario, el Libro de Inventarios y Balances y los Libros Mayores correspondientes a dichos ejercicios”. El juez ha requerido también información sobre el procedimiento interno del PSOE para la autorización de gastos y la realización de pagos en ese mismo periodo, con la identificación de todas las personas que intervinieron en el proceso.

Sobre los vínculos del partido con los abogados Teijelo y Oliver con Zarrías, el magistrado ha solicitado los contratos suscritos entre las partes, los justificantes de pagos con las cantidades abonadas y la “identificación de las personas u órganos del partido político encargados de emitir la autorización para la formalización de la relación profesional”.