La AN envía a juicio a Granados y otras 40 personas por presunta corrupción en contratos de suelo público y transportes

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha enviado a juicio al exsecretario general del PP Francisco Granados y otras 40 personas, entre las que se encuentran los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza, por presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público y transportes en la Comunidad de Madrid.

Se trata de una pieza separada del 'caso Púnica', una supuesta trama de presuntos contratos fraudulentos en diversos ayuntamientos españoles a cambio del cobro de mordidas ilegales en el que como principal acusado está Granados, que fue consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011 en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

En un auto al que ha tenido acceso a Europa Press, el magistrado confirma la decisión de enviar a juicio al exconsejero, en un proceso que juzgará irregularidades en las adjudicaciones de suelo público a través de la empresa regional Arpegio, y en los contratos para infraestructuras que aprobaba la entidad pública Mintra.

La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Granados y 17 años y nueve meses de prisión para David Marjaliza, presunto conseguidor de la supuesta trama. En el caso de López Madrid, el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel.

Anticorrupción solicita, entre otras cuestiones, que Granados y otros ocho acusados tengan que abonar "conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid" un total de 57.407,062 euros "por el perjuicio causado a las arcas públicas con la entrega de cestas de Navidad a familiares y amigos", así como por la entrega de regalos ofrecidos al personal de Arpegio la cantidad de 42.761, 55 euros con intereses".

OBRAS BAJO SOSPECHA

El que fue magistrado instructor del caso, Manuel García Castellón, ya jubilado, apuntó que las obras bajo sospecha se encuentran en el tramo 1C de Metro Sur, el tramo 1A de Metro Norte y la nueva línea de Boadilla de Metro Ligero.

"Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no sólo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios", explicaba en la resolución en la que proponía juzgar a Granados.

Según el juez, Aguirre destituyó a Granados de su cargo al frente de Transportes en 2004 atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella consejería --ante el protagonismo en las adjudicaciones de empresas del círculo de Marjaliza y el exconsejero-- y puntualizó que al mismo tiempo le ofreció a dicho investigado presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Además, tras la reorganización que supuso el cese de Granados, éste asumió nuevas funciones dado que se asignó a la Consejería de Presidencia la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio. Esta empresa había estado integrada hasta ese momento en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

También se encomendaron a la empresa pública Arpegio la administración de parte de los 'Fondos Prisma', y se constituyó la Fundación Arpegio. De esta forma, señaló el magistrado, el exconsejero volvió a tener bajo su gestión un considerable patrimonio, la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística e inmobiliaria.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Granados confirió la gestión de las adjudicaciones a Arpegio y, de esta forma, de nuevo quedó bajo su control la adjudicación de parcelas de la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas libres y de vivienda protegida, y bajo su supervisión la adjudicación de parcelas de los ayuntamientos que formaban parte de cada Consorcio.

El juez afirmó en su auto que Granados supuestamente se concertó con el constructor David Marjaliza, a fin de adjudicar a alguna de las sociedades de éste parcelas públicas de una de las promociones más importantes que iba a desarrollar la empresa pública, el proyecto 'Ciudad Jardín' de Arroyomolinos.

En este proyecto, recordó, la entidad Arpegio iba a llevar a cabo una promoción con más de 3.950 viviendas de las que, una cantidad superior al 50 por ciento, iban a tener algún grado de protección.

Apuntó que los contratos de compraventa entre Arpegio y una de las empresas de Marjaliza, Aranan, se firmaron antes de que el Consejo de Administración de Arpegio resolviese la adjudicación en favor de aquella sociedad.

UN PISO EN BARCELONA, CACERÍAS Y SAFARIS

García Castellón señaló en su resolución que tanto Granados como su mujer --también investigada--, María Nieves Alarcón, utilizaron fondos públicos a través de Arpegio para "agasajar con motivo de las celebraciones navideñas, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica".

"A todos ellos, Alarcón les hizo llegar desde Arpegio una cesta de Navidad en las festividades navideñas de los años 2006 y 2007", indicó el magistrado, citando que el coste total sobrepasó los 100.000 euros, todo ello dinero que se desvió de las arcas públicas de Arpegio.

Según el juez, Granados recibió entre 2004 y 2011, el tiempo que ostentó un cargo público, una serie de comisiones en especie de Marjaliza, como un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros

Además, de acuerdo a aquella resolución, Granados recibió de Marjaliza un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, safaris, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros, todo ello en el periodo comprendido entre 2004 y 2011.

García Castellón consideró que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.