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Barcelona, 22 may (EFE).- Los acuerdos que el Govern catalán ha cerrado con ERC y Comuns para sacar adelante sus presupuestos de 2026 incluyen dedicar 4.693 millones de euros hasta 2030 a blindar la continuidad de las políticas públicas pactadas, una cuantía de la que 893 millones tendrán ya impacto en este ejercicio.
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El gasto total previsto este ejercicio en el proyecto de ley de presupuestos aprobado este viernes por un Consell Executiu catalán extraordinario asciende a 49.162 millones de euros, la misma cifra que recogía el presupuesto presentado el pasado febrero, que acabó retirado por el desacuerdo entonces de ERC.
Aquel proyecto ya incluía una disposición de 360 millones sin asignar, a la espera de dedicarla a los acuerdos con Comuns, mientras que se prevé agregar en los próximos meses una segunda partida de unos 530 millones, que se dotará de fondos gracias al incremento previsto de ingresos durante este año y que estará dedicada al pacto sellado con Esquerra, ha detallado la consellera de Economía, Alícia Romero.
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El gasto previsto en el texto que comienza ahora su tramitación parlamentaria supone un 22,8 % más respecto al último presupuesto aprobado, en 2023, y un 10,3 % más respecto a 2025, cuando se pactaron suplementos de crédito por casi 4.000 millones.
"Son unos presupuestos mejores que los que presentamos hace tres meses", que "incorporan diversos acentos", ha señalado en rueda de prensa Romero.
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Tras varios ejercicios con las cuentas prorrogadas, la aprobación del nuevo presupuesto, prevista para principios de julio, es una muestra de "estabilidad" y "demuestra la fortaleza de la mayoría progresista en el Parlament", ha subrayado la consellera.
El gasto total de los departamentos de la Generalitat asciende a 40.399 millones, con las mayores partidas destinadas a sanidad, que representa el 34,3 %, con 13.840 millones, y educación y formación profesional, con 8.356 millones, un 20,7 %.
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El departamento de Derechos Sociales e Inclusión alcanza 4.248 millones (un 10,5 % del total) y el de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, 3.453 millones (un 8,5 %).
Interior y Seguridad Pública representa un 5,8 % de ese gasto (con 2.352 millones previstos); Investigación y Universidades, un 4,8 % (1.950 millones), y Empresa y Trabajo, un 3,7 % (1.506 millones).
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Durante 2026, se prevé que el crecimiento económico continúe teniendo un impacto positivo en la recaudación de la Generalitat.
Los ingresos no financieros alcanzan este año 48.231 millones, 10.527 millones más que en las últimas cuentas aprobadas, cuya mayor parte (32.894 millones) provienen del modelo de financiación, 6.481 millones de la recaudación de tributos propios y cedidos y 7.886 de los recursos finalistas.
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Las cuentas de la Generalitat se basan en el escenario macroeconómico publicado en el otoño de 2025, que preveía un crecimiento de la economía catalana del 2,1 % en 2026, algo por debajo del 2,7 % del año anterior.
La previsión del Govern es que la ratio entre la deuda y el PIB se modere desde el 28,4 % registrado en 2025 hasta el 27,4 % este año.
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Esa reducción sería aún mayor si se materializase la cancelación del 20 % de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que situaría la ratio en el 22,2 %, según las estimaciones hechas públicas hoy.
El proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para 2026, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, prevé la eliminación de 22 impuestos y la modificación de 70.
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Incluye asimismo diversas medidas para reducir trámites administrativos, simplificar y agilizar los procesos administrativos.
En cuanto a los procedimientos administrativos, el texto prevé la transformación digital de los procesos vinculados a las actividades económicas, urbanísticas y ambientales en un periodo máximo de dos años.
La nueva norma autoriza además a los secretarios generales de la Generalitat a adjudicar contratos y concesiones de obras y de servicios con un valor estimado igual o superior a 5,5 millones de euros, con el fin de agilizar la ejecución de inversiones públicas.
Se crean asimismo mecanismos para que las comunidades de propietarios accedan a préstamos para hacer actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación de inmuebles, y devolverlos a largo plazo. EFE
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