
Son malos días para el PSOE. También para las hermanas Alcázar. La secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, conocida como Gertru, es, según el auto del juez José Luis Calama, una “pieza operativa esencial” dentro del caso Plus Ultra, el rescate de la aerolínea en plena pandemia por 53 millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional publicó este miércoles un auto poniendo en el centro de la trama al que fue presidente entre 2004 y 2011 y su mano derecha.
El magistrado sostiene que el expresidente ejercía “el liderazgo estratégico” de la estructura y sitúa a Gertrudis Alcázar en un “tercer nivel jerárquico” encargado de la “operativa diaria” y de la coordinación documental y administrativa. Hasta ahora, su figura había permanecido prácticamente invisible.
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Públicamente se conocía poca información sobre ella, más allá de que era de su círculo de máxima confianza y comenzaron su andadura juntos desde antes del comienzo de siglo. El pasado octubre se la pudo ver en La última llamada, serie documental de cuatro episodios de Movistar Plus+, donde se reunieron los últimos cuatro presidentes del Gobierno —Felipe González, José María Aznar— para repasar las décadas más recientes de la historia política española desde dentro del poder.

Allí, el entorno más cercano del expresidente la definió como su “fiel guardiana”. La asistente personal y de prensa de Zapatero entre 2000 y 2011, Angélica Rubió explicó que, después de que el socialista saliera elegido presidente del Gobierno en 2004 decenas de militantes rodearon Ferraz y su despacho en la sede del PSOE. “Es difícil hacerlo porque no puede estar allí todo el mundo, la gente no va a tranquilizarle”, dijo sobre su trabajo y la euforia vivía en los pasillos de la sede del partido. “Ahí te vas haciendo un poco rígida. Ahí empieza una carrera de ponerte en la puerta y decir: ‘No, no se pasa’.
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Este perfil encaja con las informaciones que, durante la etapa de Zapatero en La Moncloa, la situaban como una de las personas que filtraban, organizaban o directamente limitaban el acceso al líder del Ejecutivo.
Quienes coincidieron con ella en aquellas etapas la describen como una mujer discreta, eficiente y extremadamente leal. La periodista Ana R. Cañil llegó a definirla como “lista, eficiente y simpática”, además de destacar que era una de las pocas personas que permanecieron junto a Zapatero durante años dentro de su círculo más íntimo. En el partido, su papel era conocido: gestionar agendas, coordinar llamadas, organizar reuniones y ejercer de enlace permanente con el expresidente.
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A esa presión judicial se suma ahora la situación de su hermana, Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, que será juzgada este miércoles por la Audiencia Provincial de Madrid acusada de un delito continuado de prevaricación urbanística y medioambiental. Según informó la agencia EFE, la regidora se sentará en el banquillo junto al concejal de Vivienda, Joaquín Panadero, una exedil de Medio Ambiente y un técnico de Urbanismo por no haber adoptado medidas tras las numerosas denuncias vecinales por el ruido y las molestias ocasionadas en un restaurante del municipio.
La Fiscalía solicita para Antonia Alcázar una pena de tres años de prisión y doce años de inhabilitación para cargo público con funciones urbanísticas y medioambientales. En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público sostiene que los acusados “omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos” al desoír las “numerosas denuncias y quejas” relacionadas con el local.
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A juicio por prevaricación urbanística la hermana de Gertrudis
Según el fiscal, el establecimiento contaba con licencia de restaurante, pero no para el uso exterior de la finca, donde presuntamente se celebraban bodas, comuniones, bautizos y fiestas con el “empleo de pirotecnia y equipos de música de alta potencia”, además de incumplirse los horarios de cierre. La acusación subraya que los vecinos llegaron a presentar al menos una docena de denuncias y que la Policía Local levantó múltiples actas de intervención que derivaron únicamente en cuatro expedientes sancionadores que nunca llegaron a resolverse.
No es la primera vez que Antonia Alcázar se enfrenta a una causa judicial. La alcaldesa ya fue absuelta hace unos años en otro procedimiento relacionado con una acusación de prevaricación.
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