La imputación de Zapatero sacude a los 'lobbies', que reclaman reglas claras

Madrid, 22 may (EFE).- La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias ha vuelto a sacudir al sector de los 'lobbies', un espacio en expansión con múltiples actores que revindican su labor y reclaman desde hace años reglas claras para mejorar su imagen pública.

"Hay un abismo entre un 'lobby' y el tráfico de influencias, un delito que define el Código Penal y que implica pagos opacos y el aprovechamiento irregular de una posición privilegiada; es algo totalmente contrario a la representación legítima de unos intereses", subraya en declaraciones a EFE Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).

Cuando aparecen casos como el de Zapatero o la investigación a Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el sector vuelve a ocupar titulares mientras sigue a la espera de la prometida ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

"Se ofrece una imagen muy distorsionada de lo que es el sector; nos quedamos con el estereotipo del alto cargo, el exministro o el expresidente que se dedican a esto sin reglas claras, y nos hace daño", se lamenta Matías.

El Gobierno remitió el proyecto al Congreso a finales de enero del año pasado y poco después superó la enmienda a la totalidad que presentó Vox, pero como ha ocurrido con otras muchas iniciativas en esta legislatura, la ley de 'lobbies' ha quedado aparcada meses en la Cámara Baja ante la dificultad de cerrar los acuerdos necesarios para aprobarla.

Los grupos han registrado más de cien enmiendas y en noviembre se constituyó la ponencia que debe aprobar el informe para que el texto vuelva al pleno y sea remitido al Senado.

Matías subraya que la ley es clave, porque dará transparencia a un sector que es muy desconocido y dotará a los profesionales de mayor seguridad jurídica.

El proyecto define qué es un grupo de interés y cuáles son sus actividades de influencia, crea un registro público y obligatorio de 'lobbies' y establece un código de conducta, con su correspondiente régimen sancionador.

Obligará además a publicar la "huella legislativa", un informe en el que quedarán plasmadas las aportaciones realizadas por los grupos de interés que hayan participado en la elaboración de las normas.

No solo son consultoras; cada vez más empresas incorporan a sus organigramas a profesionales responsables de asuntos públicos y relaciones institucionales que buscan establecer una interlocución con la administración y los poderes públicos para defender sus intereses y, sostienen desde el sector, que adopten leyes de manera informada.

 Todavía no hay registro nacional, pero más de 1.000 organizaciones españolas están inscritas en el Registro de Transparencia de la UE, lo que sitúa al lobismo español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia, según el informe 'Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025'.

Presentado la pasada semana por el Observatorio de Asuntos Públicos de la Universidad de Navarra y APRI, el estudio muestra un sector profesionalizado.

El 99 % cuenta con estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho; un 64 % trabaja de forma interna en alguna empresa o asociación y el resto, en consultoras, especialmente en los sectores de la salud, la energía, las finanzas y la alimentación.

Al margen de la ley de 'lobbies', la ley de altos cargos establece restricciones durante los dos años posteriores al cese, durante los que no pueden trabajar en empresas privadas que hayan estado afectadas por decisiones en las que participaron.

Corresponde a la Oficina de Conflicto de Intereses conceder las autorizaciones y un repaso a sus acuerdos en el Portal de Transparencia muestra el alcance de esas "puertas giratorias".

El año pasado, por ejemplo, autorizó al jefe del Mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra a trabajar para Indra apenas un mes después de dejar el cargo; y permitió que quien había sido representantes militar ante los comités militares de la OTAN y de la UE trabajara para Airbus Defence & Space solo siete meses de cesar.

En 2024 quien había sido jefe del Mando Aéreo de Combate también fue autorizado a trabajar en Indra y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa recibió el preceptivo permiso para colaborar con Escribano, otra de las empresas grandes del sector.

Ese año el exministro de Consumo Alberto Garzón solicitó autorización para trabajar en Acento, consultora liderada por los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP) y en la que han recalado diversos ex altos cargos, pero tras las críticas de destacados sectores de la izquierda renunció a dar ese paso

"La izquierda somos otra cosa", manifestó este miércoles en el pleno el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras mostrar su malestar por la imputación de Zapatero y preguntarse dónde está la línea que separa a los 'lobbies' del tráfico de influencias. EFE