El Gobierno llevará al TC la norma de Baleares que derogó la ley de memoria democrática

Madrid, 15 may (EFE).- El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la normativa balear que derogó su ley de memoria democrática y le pedirá que la suspenda cautelarmente mientras resuelve el procedimiento al considerar que vulnera la dignidad e integridad moral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El primer paso que dará el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según ha explicado este viernes en una nota de prensa, es llevar al próximo Consejo de Ministros la propuesta para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa autonómica que tumbó en marzo su propia ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos.

La normativa que será recurrida, que fue propuesta de Vox, salió adelante en el Parlament con los votos a favor del PP y la oposición de todos los partidos de izquierda.

Después de llevarlo al Consejo, el Gobierno impugnará la norma ante el Tribunal Constitucional, al que solicitará su suspensión cautelar mientras se resuelve el procedimiento, como ha ocurrido en casos similares anteriores.

El Gobierno, que ya ha pedido un dictamen al Consejo de Estado, ha tomado esta decisión después de que el Ejecutivo autonómico haya declinado la propuesta del central para la restitución íntegra de su ley.

A su juicio, y tal y como argumentará en su recurso, la normativa autonómica vulnera principios constitucionales esenciales, así como las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El Ministerio sostiene que la eliminación del marco normativo balear "supone un menoscabo del estatuto jurídico de las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista", afectando directamente a derechos vinculados a la dignidad humana y a la integridad moral reconocidos en los artículos 10 y 15 de la Constitución.

También recuerda que los relatores de las Naciones Unidas han advertido sobre el riesgo que representan las denominadas leyes de “concordia” para la salvaguarda de los derechos de las víctimas.

Entre los aspectos afectados por la derogación, se encuentran las políticas de localización e identificación de desaparecidos, la señalización de Lugares de Memoria, los programas educativos y de formación sobre memoria democrática, así como los mecanismos de colaboración institucional y apoyo a las asociaciones memorialistas.

Según el Gobierno, la supresión de la legislación autonómica balear compromete las obligaciones legales de la ley estatal que se aplica en todo el territorio y que establece un deber de colaboración entre todas las administraciones públicas para garantizar los derechos de las víctimas y desarrollar políticas públicas de memoria democrática. EFE