Madrid, 14 may (EFE).- El Ministerio de Trabajo lanzará una campaña para perseguir el "cobro ilegal" de algunas plataformas que hacen de intermediarias en la contratación de trabajadoras en el hogar, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz.
"Los servicios de intermediación están guiados por la absoluta gratuidad. Y hay plataformas que están incumpliendo", ha dicho Díaz, quien ha mencionado además la competencia desleal que estas empresas llevan a cabo.
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"No pueden cobrar por servicios de intermediación ilegales que han de ser gratuitos. Se acabó hacer negocio a vuestra cuenta", ha añadido la ministra ante un auditorio lleno de trabajadoras del hogar.
Además, la ministra ha incidido en su intención de aplicar la llamada "ley rider" al sector del empleo doméstico, donde "parte del trabajo se ha desplazado a plataformas digitales y empresas multiservicios".
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Así, quiere trasponer la directiva de plataformas digitales con el objetivo de que las obligaciones de éstas se extienda "a todas las empresas que usan algoritmos o inteligencia artificial que afecte a sus trabajadores".
La ministra ha presentado las nuevas herramientas gratuitas en materia de prevención para facilitar la gestión de los riesgos laborales y la formación, así como un Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el hogar familiar que permite identificar, prevenir y actuar ante este tipo de conductas.
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La página web de Trabajo alberga, desde este jueves, un apartado específico donde se puede acceder a los recursos específicos destinados a este colectivo.
Con estos nuevos instrumentos se da un paso decisivo para dotar de derechos a "un trabajo al que no se le da valor porque es trabajo que hacen mujeres que sustituye a trabajo que hacen otras mujeres y que durante siglos se ha ocultado", ha afirmado la vicepresidenta.
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Según Díaz, en la actualidad hay 351.065 afiliaciones al sistema especial de empleadas del hogar, el 65 % de ellas corresponde a mujeres; el 83 % de ellas, mayores de 40 años; y prácticamente todas son extranjeras o con doble nacionalidad.
Más de la mitad de esas afiliadas trabaja en Madrid, Andalucía y Cataluña y cobra un salario medio de 1.138,4 euros brutos, la mitad del salario medio general. "Prácticamente todas van al SMI", ha lamentado la ministra. EFE
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