El 72 % de los mayores de 65 años con limitaciones en su vida no recibe cuidados públicos

Madrid, 11 may (EFE).- El 72 % de los mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria no recibe atención efectiva del sistema de dependencia y en el caso de los que tienen limitaciones severas, son seis de cada diez las personas que no cuentan con los apoyos públicos que necesitaría.

El estudio 'El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España', presentado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) de la Universidad de Salamanca, analiza si España garantiza de forma efectiva el derecho a recibir cuidados cuando los requiere, especialmente en contextos de dependencia, envejecimiento y pérdida de autonomía.

Para ello, examina el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), los apoyos públicos, el peso de los cuidados informales y el impacto económico de reforzar las políticas de cuidados de larga duración.

La investigación advierte de una "amplia brecha absoluta de cuidados" en las personas mayores e incide en que entre quienes los reciben, el 28 % considera que los apoyos recibidos son insuficientes para responder a sus necesidades, ha enfatizado Nacho Álvarez, codirector del estudio.

Plantea que los cuidados de larga duración deben estar en el centro de la renovación del Estado del bienestar ante el reto de una sociedad cada vez más longeva.

La investigación muestra el potencial económico del sector y cómo la inversión en dependencia no debe entenderse como un mero coste, sino como una política pública con retorno social, económico y fiscal, ha señalado Jorge Uxó, también codirector del informe.

En 2023, cada euro destinado a prestaciones de dependencia generó alrededor de 1,6 euros de impacto sobre el PIB; los 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia generaron un impacto de 17.260 millones sobre el PIB, detalla el informe.

Destaca que entre 2017 y 2025, las prestaciones del sistema se han duplicado y el 'limbo de la dependencia' -personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación efectiva- se ha reducido más de un 70 %, pero se mantienen plazos de cerca de un año en el acceso al sistema, frente a los seis meses que establece la ley.

Respecto a la atención residencial, Álvarez ha señalado que más de la mitad de las plazas están ubicadas en grandes centros (de más de 100 plazas), el 75 % de los usuarios comparte habitación y "predomina la atención protocolizada, por lo que es necesario avanzar hacia cuidados personalizados".

El estudio propone reforzar el SAAD de cara a 2030 con el aumento de la inversión en torno a 0,6 puntos del PIB (España invierte en cuidados de larga duración el 1 % del PIB, frente al 1,7 % de promedio de la OCDE), con un efecto potencial de cerca de 430.000 nuevos empleos y un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.

Recuerda que cerca de la mitad del gasto inicial retorna a las administraciones a través de impuestos y cotizaciones sociales: por cada euro invertido se recuperaron unos 49 céntimos en términos de ingresos fiscales, ha añadido Uxó.

Para reducir la brecha de cuidados, plantea además coordinación entre administraciones, estándares comunes, refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria y profesionalización del sector.

A cierre de 2025, hay 1,7 millones de personas en situación de dependencia y 1,61 millones atendidas en el sistema.

Desde la OCDE, Jacek Barszczewski ha explicado que "en casi todos los países los cuidados en el hogar han ganado peso en la última década frente a la atención residencial", aunque ha advertido de que ampliar los cuidados formales "requiere de una fuerza laboral suficiente".

"En España el apoyo público cubre menos del 15 % del coste estimado, frente a alrededor del 60 % en promedio en la OCDE", ha añadido el experto, quien ha recordado que los gastos que deben ser asumidos por los usuarios y sus familias pueden limitar el acceso a los cuidados.

"El cuidado no es un asunto privado que se resuelva por inercia en los hogares sino que debe ser una política de país", ha señalado Juan Martín, director del CENIE. EFE