Madrid, 9 may (EFE).- Alrededor de 2.450.000 personas han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de Memoria Democrática y se espera que todo el proceso esté completado en unos cuatro o cinco años.
"Eso sería un plazo razonable", explica en una entrevista a EFE la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, quien concreta que ya hay unas 306.000 personas que tienen inscrita la nacionalidad española.
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Asegura que "hay muy pocas denegaciones" porque la mayor parte de los solicitantes que inicia los trámites lo hace porque cumple los requisitos.
Y estos requisitos son ser descendientes de españoles nacidos fuera de España y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, credo u orientación sexual, "hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española", según la ley aprobada en 2022.
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También hay otras vías que contempla la ley para optar a la nacionalidad, entre ellas la que tiene en cuenta a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
La ley tenía una vigencia temporal para pedir la nacionalidad española de dos años, que se prorrogó uno adicional, de manera que el plazo se cerró en octubre de 2025.
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Esta avalancha de solicitudes ha generado una gran presión en una red consular ya de por sí bastante tensionada -señala Alonso- por el "incremento exponencial" de la ciudadanía española en el exterior en los últimos años.
Recuerda así que en 2010 había 1,5 millones de españoles viviendo en otros países y ahora suman 3,2 millones. Cuando se culmine la aplicación de la ley de Memoria Democrática, la cifra puede superar los cinco millones de ciudadanos.
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Por tanto, ve necesario "un redimensionamiento" de la red consular para poder prestar servicio a todas estas personas.
Sobre todo las cinco oficinas consulares de Argentina, y después México, Sao Paulo (Brasil), Cuba y Miami (Estados Unidos) son las que más solicitudes han recibido para acceder a la nacionalidad española en aplicación de la ley de Memoria, destalla la responsable del Consejo, que se ocupa de la ciudadanía en el exterior.
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Para Alonso, es claramente "un éxito" de la ley que haya habido tantas peticiones: "Para nosotros siempre han sido españoles, les faltaba el vínculo jurídico".
No obstante, aunque no tienen dudas de que el proceso ha sido muy positivo, reclaman al Estado que dé una respuesta administrativa "a este acceso a derechos".
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En este sentido, la presidenta avanza que se van a implementar una serie de medidas para agilizar la tramitación y que desde el Consejo plantearon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una reunión que mantuvieron hace unos meses.
Alguna de estas medidas se está cerrando y entrará en vigor en unas semanas, según indica Alonso al referirse al apoyo de una empresa externa que tendrán cuatro de los cinco consulados en Argentina, y que va a dedicarse a la recepción y digitalización de las solicitudes que quedan pendientes de recibir, mientras que la parte de resolución e inscripción lo seguirán gestionando los consulados.
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Estas cuatro oficinas consulares de Argentina -apunta la presidenta del Consejo- han recibido alrededor el 40 por ciento del total de las solicitudes de nacionalidad.
Sólo en la demarcación de Buenos Aires han llegado unas 650.000 peticiones de nacionalidad por la ley de Memoria.
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Aplauden que este mecanismo se vaya a implementar en Argentina, pero también han pedido que se ponga en marcha en los otros países antes mencionados por haber registrado también numerosas solicitudes.
Otra demanda que plantean desde el Consejo de la Ciudadanía Española es una "ley estable" sobre la nacionalidad española o una reforma del Código Civil en materia de nacionalidad para que todos estos "beneficios" que ha tenido la ley de Memoria queden plasmadas en una norma que "no tenga una vigencia temporal, como la que ha tenido la actual, y que se cubran todos los supuestos.
Reclaman así que se extienda a todos los descendientes de españoles "sin límite" ya que, por ejemplo, los bisnietos de españoles cuyos padres (nietos) no solicitaron la nacionalidad quedan excluidos y tampoco están contemplados en la ley los tataranietos.EFE
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