Mérida, 4 may (EFE).- Un fondo de compensación para el sector primario, el rechazo a la política estatal de inmigración y el desarrollo del principio de 'prioridad nacional' son algunas de las medidas inmediatas que debe acometer el nuevo Gobierno extremeño, que se reúne este martes, tal como se desprende del acuerdo PP-Vox.
El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas, algunas con un plazo marcado por ambos partidos que establece que se realizarán "desde el primer día de gobierno" o "desde el inicio de la legislatura".
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Así, en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de esta martes, menos de una semana después de la toma de posesión de los nuevos consejeros del Ejecutivo de María Guardiola, se prevé que salgan las primeras medidas impulsadas por este órgano.
Entre otras, en el apartado 'Seguridad, Libertad y Prioridad Nacional' está la declaración de Bien de Interés Cultural de la Cruz de los Caídos de Cáceres, recientemente incluida por el Gobierno central en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática para que sea retirada del espacio público.
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Así, uno de los puntos "desde el primer día de gobierno" prioritarios para PP-Vox es la promoción de la concordia en Extremadura, al alinear la política de subvenciones, contenidos educativos e iniciativas institucionales con la Ley de Concordia, aprobada en la anterior legislatura, así como al impulsar la protección y recuperación del patrimonio histórico "perseguido por leyes ideológicas de la izquierda".
Otro de los puntos a desarrollar "desde el inicio de la legislatura" es el sistema de acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas desde el principio de 'prioridad nacional', para quienes mantienen un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
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Para el sector primario, también reflejan necesario desde el inicio su "blindaje" frente a la Agenda 2030, las "imposiciones de Bruselas" y el Pacto Verde, así como el rechazo de la Junta al acuerdo actual UE-Mercosur.
El acuerdo también establece crear un fondo de compensación para mitigar el impacto negativo de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o de "imposiciones normativas", con el objetivo de proteger al sector productivo extremeño.
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Otros de los puntos que marca el pacto desde el inicio del Ejecutivo son los relacionados con la inmigración y el rechazo a acoger más menores extranjeros no acompañados.
Reducir "al mínimo legal imprescindible" las plazas de acogida de "inmigrantes ilegales" y verificar la edad de éstos para evitar fraudes y el colapso de servicios son sus medidas.
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Para la aprobación del primer presupuesto regional de la legislatura, el acuerdo PP-Vox deja la supresión de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal y la reducción de las partidas públicas a sindicatos, patronal y entidades privadas "sin utilidad pública", así como a la cooperación internacional.
La bajada de impuestos, medidas relacionadas con la vivienda, el fomento de la natalidad y la homologación salarial progresiva de los docentes son otros de los asuntos a incluir en el presupuesto de 2026, que la Junta prevé tener preparado "dentro de muy poco". EFE
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