Madrid, 2 may (EFE).- El tiempo de trabajo negociado en los convenios colectivos sigue estando por encima de las 37,5 horas semanales, aunque se va acercando, cuando se cumple un año de la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que después fracasó en el Congreso.
La jornada laboral media pactada en convenio se situó el pasado mes de marzo en las 38,1 horas semanales (1.739,3 horas anuales), por debajo de las 38,4 horas semanales (1.749,6 horas anuales) de un año antes y de las 40 horas que establece como máximo la legislación.
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No obstante, la reducción de la jornada laboral pactada en convenio se ha frenado este 2026, ya que en los nuevos acuerdos laborales firmados en los tres primeros meses del año asciende a 38,8 horas semanales (o 1.769,9 horas anuales), según datos de la estadística del Ministerio de Trabajo.
La jornada laboral pactada es inferior en el caso de los convenios de empresa (37,3 horas semanales) que en los sectoriales (38,2 horas semanales) y los de grupos de empresas (38,4 horas).
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En total, esa jornada laboral de 38,1 horas semanales es la pactada de media en los 2.240 convenios colectivos que afectan a 720.991 empresas y casi 7,4 millones de trabajadores.
La mayor parte de ellos, unos 5,8 millones de empleados, tienen una jornada que oscila entre las 37,5 horas y las 39,5 horas.
Pero hay más de un millón de trabajadores que tienen una jornada media inferior a las 37,5 horas y casi 240.000 que superan las 40 horas.
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El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas fue aprobado en Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2025, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos del que se descolgó la patronal que se posicionó en contra de regular el tiempo de trabajo por ley.
En septiembre de ese mismo año, el Congreso de los Diputados rechazaba la tramitación del proyecto de ley al salir adelante las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Junts.
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No obstante, el Ministerio de Trabajo inició el trámite para sacar adelante una parte del proyecto de ley, el reglamento que reforma el registro horario, para hacerlo digital, accesible e interoperable y que está pendiente de su aprobación en Consejo de Ministros.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incidido esta semana en que la aprobación de esta medida es inminente y ha destacado la importancia de esta regulación en un país donde se hacen 2,5 millones de horas extraordinarias a la semana sin retribuir.
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Durante su tramitación interna, el reglamento se ha encontrado con el dictamen desfavorable emitido por el Consejo de Estado, apoyado en las consideraciones de la Agencia Española de Protección de Datos, porque no cumple con la normativa española y europea en este ámbito.
Ese dictamen también criticaba que la norma rebasa la potestad reglamentaria al imponer nuevas obligaciones y cargas a las empresas que no recoge la ley que dice desarrollar.
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La CEOE, que se ha posicionado desde el principio en contra del reglamento, ha apelado a "la responsabilidad institucional" e instado "al Ministerio de Trabajo a respetar las consideraciones expresadas por el Consejo de Estado" y no seguir adelante con su aprobación. EFE
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