Cuarta semana de 'Kitchen': del "no tengo constancia" de Sáenz de Santamaría a la "operación sin autorización judicial"

El juicio de la 'Operación Kitchen' ha alcanzado la cuarta semana de la vista oral con los testimonios destacados de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que dijo no haber tenido "constancia" del presunto espionaje orquestado para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, y el investigador policial del 'caso Gürtel' Manuel Morocho, que apuntaló la existencia de una "operación policial sin autorización judicial" sobre Bárcenas y su entorno.

Con estas testificales ha finalizado el primer mes del proceso que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del PP, en los tiempos en los que se investigaba la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

En este procedimiento están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario jubilado José Manuel Villarejo, además de otros altos mandos policiales de aquella etapa como Marcelino Martín Blas o Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 15 años de prisión.

En una declaración de 16 minutos, Sáenz de Santamaría, que respondió mayoritariamente con monosílabos, negó haber conocido el supuesto espionaje durante su etapa en el Ejecutivo, asegurando que cuando supo de ello fue a través de la prensa. "Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época en el Gobierno", despachó.

La ex 'número dos' del Ejecutivo negó, además, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) --adscrito al Ministerio de la Presidencia que también lideraba ella-- hubiera espiado a Bárcenas, como tampoco que Rajoy se hubiera interesado por 'Kitchen' con ella.

LA UNIDAD INVESTIGADORA DE GÜRTEL FUE "DESMANTELADA"

Más extenso fue el interrogatorio de Manuel Morocho, exinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y encargado de la investigación policial de 'Gürtel', que a lo largo de dos sesiones declaró haber constatado la existencia de una "operación policial sin autorización judicial" sobre Bárcenas y su entorno y describió que su unidad fue "desmantelada" mientras indagaba en la contabilidad B del PP.

Morocho, que testificó durante siete horas, afirmó que en aquellos tiempos fue "vigilado" e "investigado" en su despacho y su vehículo, y ratificó, como hizo en la fase de instrucción, que había recibido presiones para que el nombre de Rajoy no figurara en uno de los informes sobre los 'Papeles de Bárcenas'. También contó que uno de sus superiores trasladaba información del caso a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

LA "ORDEN" PARA "HACERLE LA VIDA IMPOSIBLE" A BÁRCENAS EN PRISIÓN

Antes que ellos prestó declaración como perjudicado Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP y Rosalía Iglesias, que explicó al tribunal que se sintió vigilado por motoristas que llevaban cámaras en el casco.

El hijo del extesorero, líder de la banda 'Taburete', manifestó que su percepción en aquellos tiempos era que hubo una "orden" del Gobierno de Rajoy para "hacerle la vida imposible" a su padre.

A su vez, reconoció que Luis Bárcenas le habló en alguna ocasión sobre las conversaciones grabadas en audio que su padre habría mantenido con Rajoy sobre la contabilidad opaca del partido.

FONDOS RESERVADOS

El tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios también escuchó las explicaciones sobre fondos reservados del coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, exdirector del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, con competencias sobre esta materia.

En su declaración como testigo, De los Cobos afirmó que no recuerda si la 'Operación Kitchen' apareció en los documentos de los fondos reservados del Ministerio del Interior y que, además, no detectó "ninguna irregularidad" mientras estuvo al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios.

El exmando de la Guardia Civil relató que "nunca" llegaron al gabinete recibís a nombre de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado en el juicio por haber sido captado como confidente por la presunta trama, como tampoco ningún gasto nominativo de Enrique García Castaño, excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, inicialmente acusado hasta que la causa fue archivada para él por motivos médicos.

Asimismo, aclaró que era la Dirección Adjunta Operativa (DAO), entonces dirigida por Eugenio Pino, quien "acreditaba" que las cantidades de fondos reservados eran "empleadas para los fines que prevé la ley".