La derogación del decreto de vivienda siembra dudas legales y aviva las movilizaciones

Madrid, 29 abr (EFE).- La derogación del real decreto ley que permitía a los inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los contratos de alquiler que vencían antes del 31 de diciembre de 2027 ha sembrado dudas jurídicas entre propietarios e inquilinos y reavivado las movilizaciones sociales en la calle.

Tras decaer este pasado martes en el Congreso, tal y como se preveía, el Gobierno apela al diálogo para llegar a un acuerdo que dé respuesta al principal problema de los españoles.

La ministra de Vivienda y Agenda urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no va a bajar los brazos para regular el mercado "salvaje" del alquiler y que esto no acaba aquí. Insiste en que es urgente llegar a un acuerdo y pide generosidad a los grupos, alejarse de los máximos y hacer renuncias.

Considera que hay que hacer una reforma más profunda del mercado del alquiler y que se han abierto nuevas vías para la negociación. Subraya que no hay un plan B, que van a empezar a trabajar con medidas que van en la línea de la regulación, los incentivos y la movilización de vivienda para el alquiler y espera que no haya un giro del PNV en la relación de apoyo que mantiene con el Gobierno.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado que volverá a llevar al Parlamento la prórroga de los alquileres "hasta que sea una realidad" y que está dispuesto a "retomar" las negociaciones con Junts y el PNV para conseguir su apoyo.

Los ministros de Sumar creen que se puede "reconstruir el acuerdo", sentarse con el PSOE y el resto de fuerzas políticas para acordar el camino a seguir y "defender a los inquilinos hasta la muerte".

Fuentes del Ejecutivo no ven posible volver a aprobar el decreto de forma inminente, la próxima semana.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha advertido de una primavera de movilizaciones por el derecho a la vivienda y ha anunciado la primera de ellas el 24 de mayo en Madrid.

"Para conquistar un derecho hay que hacerlo valer y el primer paso es contestar con contundencia", apuntan en un comunicado.

Ayer mismo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que hay "batallas que se pierden en las Cortes Generales pero están ganadas en la calle" y clamó a la ciudadanía para organizarse si se "tumbaba" el decreto.

La Comunidad de Madrid y Cataluña suman 1.097.956 personas afectadas por el vencimiento de sus contratos de alquiler entre 2026 y 2027, más del 40 % del total (sin tener en cuenta los datos del País Vasco y Navarra).

En el conjunto de España, los datos arrojan 2.687.392 afectados en 2026 y 2027, según los datos que maneja la Secretaría General de Consumo.

La no convalidación del decreto ha generado muchas dudas jurídicas entre propietarios e inquilinos. Mientras el decreto estuvo en vigor, entre el 22 de marzo y el 28 de abril de 2026, generó numerosas solicitudes de prórroga.

Los expertos legales creen que si el inquilino solicitó la prórroga durante la vigencia del Real Decreto, el arrendador está obligado a aceptarla. La norma establecía que en todos los contratos que tengan su vencimiento antes del 31 de diciembre de 2027, el inquilino podía solicitar la prórroga de dos años.

Más dudas genera si el inquilino no llegó a solicitar esta prórroga aunque su contrato vencía en ese periodo o si la solicitó durante la vigencia del Real Decreto pero su alquiler no había vencido. En estos casos, tanto propietarios como inquilinos podrían acabar llegando a los tribunales con lo que ello supone.

Por ello, desde el sector piden al Gobierno que aclare, con urgencia y por escrito, los efectos jurídicos que tendrá. EFE