Cientos de interinos públicos se concentran frente al Congreso para reclamar su fijeza

Madrid, 29 abr (EFE).- Cientos de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad se han concentrado hoy frente al Congreso de los Diputados para reclamar su fijeza porque les consideran "meras plazas, meros números sin rostro ni familia". "Pero somos personas", subrayan.

Convocados este miércoles por la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) y por las plataformas de afectados de Madrid y Murcia, la protesta tiene lugar nueve días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara una sentencia que declara que España incumple sistemáticamente la normativa europea en cuanto a interinos públicos.

Los convocantes reclaman una normativa específica para resolver el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, que establezca la fijeza de forma automática sin necesidad de litigio individual.

También la readmisión inmediata de quienes fueron cesados estando en situación de abuso de temporalidad, así como indemnizaciones reales y disuasorias y proporcionales al tiempo de abuso, sin topes simbólicos y transparencia absoluta en la identificación de los trabajadores abusados y criterios claros para ello.

A su juicio es necesaria una responsabilidad efectiva y disuasoria para las administraciones que dilaten o incumplan las medidas que sancionen definitivamente el abuso.

Las Administraciones Públicas han sostenido durante décadas sus estructuras con personal temporal —funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutario— para cubrir necesidades que son, en la práctica, permanentes y estructurales.

Lo han hecho sin transponer la Directiva europea que prohíbe expresamente esa práctica, que afecta a un colectivo de 979.409 personas, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Según el manifiesto leído, las Administraciones les han considerado durante todo este tiempo "meras plazas, meros números sin rostro ni familia". "Pero somos personas. Más del 70 % son mujeres mayores de 50 años con riesgo real de exclusión social", añaden.

Para los convocantes, los procesos de estabilización llevados no solo no han solucionado el problema, sino que han agravado la situación, incrementando la tasa de temporalidad hasta situarla actualmente entre el 31 y el 34 %.

Además, alertan de que más de 150.000 trabajadores en fraude de ley han sido expulsados sin indemnización tras décadas de servicio, lo que califican como "uno de los mayores abusos laborales en la Administración pública española".

"No estamos pidiendo un trato de favor, sino que se cumpla el derecho europeo, que es el que nos ampara. Cuatro sentencias del máximo tribunal europeo avalan nuestra posición. El Gobierno tiene la obligación legal y moral de actuar", ha señalado María Pilar Remírez, miembro del secretariado del sindicato STEPA (sindicato de trabajadores y trabajadoras por el empleo público de Aragón). EFE