Crónica de un decreto ley con muerte anunciada

Sol Carreras y Macarena Soto

Madrid, 28 abr (EFE).- El real decreto ley del Gobierno para prorrogar los alquileres ha decaído este martes en el Congreso tras un mes en vigor y ha certificado así una muerte anunciada y escenificada en un hemiciclo semivacío y con el banco azul ocupado solo por tres ministros de Sumar y ninguno socialista.

Una imagen que sintetiza el recorrido de un decreto que desde el primer momento suscitó las discrepancias entre el PSOE y Sumar y se enfrentó al rechazo de PP y Junts.

El camino de este real decreto ley fue tortuoso desde el día de su aprobación, el pasado 20 de marzo, cuando Sumar se plantó ante el PSOE en un Consejo de Ministros extraordinario para obligar a los socialistas a apoyar esta prórroga de alquileres.

La presión de Sumar sobre sus socios se tradujo ese día en la aprobación de dos reales decretos ley anticrisis, uno de ellos con las medidas específicas en vivienda cuyas probabilidades de convalidación eran muy escasas por el rechazo de PP, Vox y Junts y las dudas del PNV, que finalmente se ha abstenido.

Pese a ello, y en su afán de intentar convalidar el decreto ley, Sumar llegó a convocar una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios menos Vox, una oferta que rechazó el PP y de la que no ha llegado a participar tampoco Junts.

Los de Yolanda Díaz no han querido tirar la toalla hasta el último momento y prueba de ello es que un día antes de la votación el ministro Pablo Bustinduy dijo que veía posible llegar a un acuerdo con Junts con dos medidas planteadas por esta formación: eximir del IVA a los pequeños autónomos y establecer bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la prórroga.

A lo largo de este mes Sumar ha defendido en varias ocasiones que había agua en la piscina y que estaba hablando y negociando con todos los grupos de investidura, incluido Junts.

Pero la formación de Carles Puigdemont ha negado en todo momento que hubiera negociaciones con el Gobierno y se han mostrado muy críticos con la prórroga de los alquileres.

En su opinión, el decreto ley no da respuesta al problema de la vivienda, "castiga y criminaliza" a los propietarios y favorece a los fondos de inversión.

El ambiente empeoró cuando el pasado 16 de abril Yolanda Díaz tachó al partido de Carles Puigdemont de "racista y clasista", lo que llevó a Junts a suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que recibiera una disculpa.

En medio de las dificultades con la formación catalana, Sumar ha acusado al PSOE y en particular a la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, de no haberse implicado a fondo en las negociaciones para convalidar el real decreto ley.

Los socialistas defienden que han empujado en la misma dirección y con la misma intensidad que su socio de Gobierno y recalcan que cuando un ministro negocia con otra formación lo hace en nombre del Ejecutivo, con independencia del partido al que pertenezca.

Una negociación en la que también se ha implicado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, según ha revelado este martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien ha asegurado que su compañero ha "hablado todos los días" con Junts para intentar lograr su apoyo.

Sumar, ha dicho el portavoz socialista, no debería "equivocarse de adversario".

Las negociaciones las han pilotado por parte de Sumar los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, además de la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

Bustinduy ha adquirido un papel protagonista en este proceso y, de hecho, este martes ha sido quien ha defendido en nombre del Gobierno la ya fallida convalidación del real decreto ley.

La imagen de la derrota quedará ligada a la de un pleno semivacío durante el debate y en la votación, con la única presencia en la bancada del Gobierno, junto al presidente Pedro Sánchez, de Pablo Bustinduy, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun: tres ministros de Sumar y ninguno del PSOE. EFE

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