La reclamación patrimonial por la dana, en vía muerta hasta el fin de la instrucción penal

València, 23 abr (EFE).- La reclamación patrimonial que inició la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud Valencia el pasado mes de octubre se encuentra suspendida o en "vía muerta" hasta que avance la causa penal por la gestión de esta tragedia y la jueza de Catarroja concluya la instrucción.

Según ha explicado a EFE el letrado Gonzalo León, de Vilches Abogados, responsable de la tramitación de esta reclamación, la citada asociación de víctimas ya ha obtenido respuesta de las dos administraciones contra las que dirigió su reclamación de 58 millones de euros por daños físicos, morales y "aquellos bienes materiales que no hayan sido suficientemente indemnizados".

Son la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"La Generalitat Valenciana ha pedido la suspensión del plazo de seis meses que tiene para responder a los afectados argumentando que hay un proceso penal en curso, de modo que el plazo queda suspendido", aclara León.

Por parte del Gobierno central, el Ministerio ha respondido a la reclamación "requiriendo documentación detallada con las circunstancias de cada afectado".

"Respecto de la respuesta de la Generalitat Valenciana, pensamos que tiene sentido, ya que su actuación está en tela de juicio en la vía penal, de modo que habrá que esperar a ver qué sucede con la causa -que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja-", aclara el letrado de las víctimas de l'Horta Sud.

"Una vez concluya al menos la instrucción, veremos qué hechos concretos se señalan como acreditados y, sea o no declarada culpable la Administración valenciana, ya podremos seguir con el procedimiento de reclamación patrimonial", añade.

"Respecto a la posición del Ejecutivo central, como no queremos que se dupliquen los procedimientos, ni que avance una reclamación respecto a la otra, hemos sido nosotros quienes hemos solicitado su paralización. No por esperar al procedimiento penal, sino por la petición de suspensión realizada por la Generalitat Valenciana", aclara Gonzalo León.

Esta reclamación patrimonial consta de 418 peticiones individuales realizadas por unas 160 familias, 12 de las cuales sufrieron la pérdida de seis personas en las riadas.

El grueso de los daños que se detallan en la reclamación son morales, aunque también se incluyen otros físicos, entre los cuales constan 15 lesionados, daños en 107 viviendas, 102 vehículos y 12 empresas.

La reclamación patrimonial es un procedimiento administrativo cuyo fin es reclamar a las administraciones públicas responsables los daños físicos, morales y materiales que, en su gran mayoría, no se persiguen en el proceso penal que instruye el juzgado de Catarroja, en el que se investigan homicidios y lesiones por imprudencia.

Los 58 millones de euros se reclaman de forma conjunta y solidaria a ambas administraciones públicas.

"Nuestra reclamación se dirige de forma solidaria a ambas administraciones, la nacional y la regional, pero tenemos dudas sobre la implicación que los tribunales pueden atribuir al Estado, que por ahora sale indemne en el proceso penal", admite Gonzalo León.

Sobre el futuro de este procedimiento judicial, señala que sería posible que concluyese antes incluso que la vía penal, aunque por experiencia subraya que la Administración "apura al máximo los plazos, porque los procesos judiciales le cuestan muy poco", y recuerda que tras la tragedia de Biescas "solo se llegó a un acuerdo sobre las indemnizaciones días antes del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". EFE