Vigo, 23 abr (EFE).- El señalado por la Fiscalía como principal cabecilla del alijo de 2,8 toneladas de cocaína a bordo del buque Simione, Pablo G.F., que se encuentra en prisión provisional por su vinculación con la banda del narcotúnel de Ceuta, se ha desvinculado de la carga de la sustancia estupefaciente que fue decomisada en alta mar en diciembre de 2022.
De acuerdo con la versión que ha dado este jueves ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, él era el armador del buque -no el propietario-, y responsable de su traslado de Angola a Senegal, pero no del resto de la travesía, que habría dejado en manos de una empresa de gestión marítima que contrató estando en Mauritania para que el barco llegara a Viana do Castelo, en Portugal, con el propósito de ser reparado.
Eso lo eximiría de responsabilidad en la carga de la droga en el buque, que se efectuó tras salir de Senegal y coger rumbo hacia Cabo Verde.
Según su versión, el barco no tenía que pasar por Cabo Verde para llegar a España ni dispuso que hubiera que ir a esas aguas por cocaína: "Por supuesto que no".
Desde Dakar, según dijo, no volvió a intercambiar mensajes con la tripulación sobre rumbos o tiempos de viaje, sino únicamente atender cuestiones como el saldo del teléfono satelital. Afirmó que perdió el contacto el día 16 de diciembre de 2022 y que, desde entonces, no volvió a saber de la empresa gestora de la travesía.
Otro procesado, P.M.M., de nacionalidad angoleña, contó que embarcó en Luanda en el Simione, en el que llevaba tiempo trabajando, con otros siete tripulantes de su país. Su jefe le comunicó que Pablo era el nuevo armador y este le contrató, verbalmente, por 1.200 dólares con la promesa de, en Dakar, entregarle el contrato y pasaporte, lo que no se produjo.
Mientras los otros angoleños regresaron a su país, él, que era jefe de máquinas, se quedó porque tenía que informar sobre los problemas mecánicos que tenía el buque.
Aseguró que desconocía el cambio de rumbo hacia Cabo Verde y después matizó que otro de los procesados, JoséM.C., fue quien le trasladó que iban a recibir piezas robadas de otro buque. Finalmente, conoció que lo que habían cargado era ilegal, cocaína, y llegó a sacar fotos y un vídeo, a escondidas, que pretendía enviar a su jefe, con el que no logró contactar antes de que la Guardia Civil los interceptara.
Este jueves estaban citados otros testigos, entre ellos el responsable de la gestora que supuestamente el cabecilla contrató para traer el buque a Europa, pero no prosperó la comisión rogatoria a Ghana para su declaración.
Por ello, el abogado del principal encausado solicitó la suspensión del juicio, pero el tribunal incidió en la imposibilidad de practicar esa prueba y, además, la consideró "innecesaria". El letrado anunció que abrirá un incidente por no haber "procedido con una solicitud formal a través del Ministerio de Justicia" para que compareciera un "testigo fundamental".
De los cinco procesados, tres habían declarado al inicio de este juicio, en marzo, y para dos de ellos el fiscal ha rebajado las penas por la atenuante de confesión tardía.
Así, pide siete años y 3 meses para José Javier F.V., al que reclama dos multas de 110 millones de euros -su defensa pidió rebajarlo a 6 años-, y seis años y un día para Argentino R.E., al que solicita 235.000 euros.
Para el resto de los acusados las penas llegan hasta los 13 años de prisión por un delito tráfico de drogas a gran escala. EFE

