Madrid, 23 abr (EFE).- Es falso que solo con la obtención del certificado de vulnerabilidad los inmigrantes que lo solicitan puedan acceder a ayudas sociales, como aseguran mensajes virales en redes sociales. Este documento solo es útil como requisito en algunos casos del proceso de regularización abierto en España y no tiene otra utilidad.
EFE Verifica ha constatado la existencia de mensajes en redes sociales (Facebook, Instagram, X) en los que se asegura que la obtención del certificado de vulnerabilidad, requisito en ciertos casos para optar a la regularización especificada en el Real Decreto 316/2026, da derecho a la obtención de ayudas sociales.
Algunas de las publicaciones sostienen que las personas que se regularicen no van a contribuir al pago de las pensiones, sino que, al contrario, van a suponer una carga y una competencia para los españoles que opten a conseguir ayudas o beneficios sociales.
Entre las ayudas que obtendrían según los mensajes se encuentra el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que recibirían todos los que logren el certificado de vulnerabilidad.
El certificado de vulnerabilidad, un documento que sirve para acceder al proceso de regularización en ciertos casos, no tiene ninguna funcionalidad más allá de acceder al procedimiento y no supone ninguna ventaja por sí solo para optar a beneficios sociales, tal como se indica en el real decreto que regula el proceso.
El proceso de regularización, que comenzó el pasado 20 de abril en más de 400 oficinas, permite legalizar su situación a los extranjeros llegados a España al menos cinco meses antes de solicitarlo y a los peticionarios de asilo que lo requirieron antes del 1 de enero de este año, siempre que no tengan antecedentes penales.
Junto a la solicitud deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.
A los efectos del proceso de regularización, se considera que se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas extranjeras que, atendiendo a su condición administrativa irregular y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, ven afectadas sus condiciones de vida o el acceso efectivo a sus derechos.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su presentación solo es necesaria en el supuesto de encontrarse en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio también indica que no lo necesitan aquellas personas que son o han sido solicitantes de protección internacional en algún momento.
Tampoco tendrán que acreditar este supuesto los que han trabajado por cuenta ajena (con contrato laboral) o propia en España o acrediten la intención de trabajar por cuenta ajena (mediante oferta de trabajo), o por cuenta propia (mediante una declaración responsable).
En España, donde no existen prestaciones exclusivas para migrantes, las ayudas se otorgan solamente a personas cuya residencia sea legal, según recoge la normativa española, lo que imposibilita que un extranjero en situación irregular pueda recibir más de 1.000 euros al mes nada más llegar al país, como también difunden falsamente mensajes con esta narrativa.
La ley de extranjería, en su artículo 14, establece que es necesario contar con residencia legal para acceder a la totalidad de las prestaciones de la Seguridad Social y a los servicios sociales. Las personas extranjeras tienen derecho a recibir estas prestaciones "en las mismas condiciones que los españoles".
Así, en el caso del Ingreso Mínimo Vital, es necesario que la persona o los miembros de una unidad de convivencia se encuentren en situación de "vulnerabilidad económica" y tengan residencia "legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud".
Solo las víctimas de violencia de género o de explotación sexual quedan exentos de este requisito.
Por tanto, no es cierto que el certificado de vulnerabilidad otorgue derecho por sí solo a acceder a beneficios sociales; este documento solo sirve para tramitar el proceso de regularización que comenzó el 20 de abril en algunos casos específicos. EFE
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