Sector inmobiliario y partidos políticos minimizan el impacto del Plan Estatal de Vivienda

Madrid, 21 abr (EFE).- Distintos operadores del sector inmobiliario y partidos políticos han coincidido este martes en que el impacto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrá una incidencia muy limitada en el mercado y en la reducción de los precios.

El propio socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, ha calificado el plan de "muy insuficiente", tanto por el presupuesto como porque no incluye medidas regulatorias ni fiscales.

Su portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado que los 7.000 millones de euros con que está dotado el plan es un 30 % menos que en el periodo 2009-2012, aunque ha aplaudido dos medidas, a su juicio "fundamentales": que la vivienda protegida no se pueda vender y la claúsula para evitar que se repitan presuntos fraudes en las adjudicaciones, como el que se investiga en Alicante.

También en rueda de prensa, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el dinero que van a destinar las administraciones públicas en su conjunto, es decir, el Estado más las comunidades autónomas, a la vivienda hasta 2030, "es el equivalente a lo que gasta España en gasto militar en apenas dos meses y medio".

En nombre del PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha enmarcado que el nuevo Plan de Vivienda en lo que los 'populares' creen que caracteriza la política de vivienda del Ejecutivo, que es que "hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero", ha dicho en una entrevista en Radio Nacional.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) ha valorado que el plan supone "un paso en la buena dirección", pero ha señalado que "su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo".

En un comunicado, los grandes tenedores reivindican que "en muchas ocasiones" están "asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente y adecuado", por lo que sostienen que "cualquier sistema de protección debe ir acompañado de mecanismos de compensación claros, efectivos y dotados financieramente, que garanticen un reparto equilibrado de responsabilidades".

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha destacado que la falta de un pacto de Estado por la vivienda "lastra la eficacia" del nuevo plan y que la "falta de una dotación económica sólida, debido a la falta de Presupuestos Generales, condiciona la ejecución real y realista de las medidas".

El presidente de FAI, José María Alfaro, señala en un comunicado que el plan "nace con importantes limitaciones que comprometen su impacto sobre el mercado residencial", entre ellas que "no focaliza de manera suficiente sus recursos ni sus medidas en los mercados tensionados", como las grandes ciudades y áreas metropolitanas.

Entretanto, la Red de Clústeres de la Construcción de España ha valorado el apoyo del nuevo Plan de Vivienda a la industrialización, aunque ha advertido de que "las mejoras se quedarán cortas si no se reducen los plazos administrativos y la fiscalidad".

Para la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, el presupuesto del plan es "ridículo" y, en la práctica, "no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda".

Desde esta organización inciden en que este plan, junto con la creación de Casa 47, configuran un modelo basado en la "vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada", que "no saca la vivienda del ciclo especulativo".EFE

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