La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

La jueza que investiga el colapso de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, en el que el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes y una séptima resultó gravemente herida, ha estrechado el cerco sobre los responsables técnicos de la infraestructura al ampliar la acción penal a un tercer funcionario de la Demarcación de Costas de Cantabria. La instructora aprecia indicios de seis delitos de homicidio por imprudencia grave y uno de lesiones, en una causa que pivota sobre la ausencia de mantenimiento y control de la estructura.

El nuevo investigado es quien fue jefe del Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la pasarela, en 2014, hasta su jubilación en mayo de 2023. En un auto notificado este martes, la magistrada sostiene que este técnico “ostentó una posición de garante respecto de la seguridad estructural” y que, por tanto, estaba obligado a promover, ordenar o verificar las inspecciones necesarias para asegurar el buen estado del paso elevado.

La resolución judicial se apoya en el informe pericial incorporado a la causa, que atribuye el siniestro a un deterioro progresivo no detectado a tiempo, en un contexto de falta de inspecciones sistemáticas y de mantenimiento adecuado. Ese escenario, concluye la jueza, generó un riesgo relevante que acabó materializándose en el desplome de la pasarela.

El peso de la omisión

La investigación, que avanza sobre una línea argumental cada vez más definida, señala la inacción de los responsables técnicos a lo largo de los años. Junto al exjefe ahora imputado, figuran como investigados el actual responsable del mismo servicio —sucesor en el cargo— y el jefe de la Demarcación de Costas, que además dirigió las obras del proyecto original de la senda costera.

La instructora subraya que todos ellos, en función de sus responsabilidades y del periodo en que ejercieron, mantenían una “clara posición de garante” sobre la seguridad de la infraestructura. Esa condición, añade, no se limita a una responsabilidad formal, sino que implica una obligación activa de supervisión y prevención.

En ese sentido, el auto introduce un elemento clave: la posible concurrencia de una conducta omisiva compartida. Según la magistrada, cada uno de los responsables pudo contribuir, de manera conjunta, al mantenimiento de un riesgo no controlado que desembocó en el fatal desenlace.

Una infraestructura sin control

Los datos que maneja el juzgado dibujan una infraestructura que permaneció abierta al público durante años sin someterse a controles periódicos ni a un mantenimiento estructural efectivo. El informe pericial resulta especialmente contundente al describir una pasarela sin inspecciones desde su puesta en servicio, pese a su ubicación en un entorno altamente agresivo desde el punto de vista ambiental, como es el borde costero.

A ello se suma el uso de materiales considerados inadecuados para esas condiciones, en particular en los herrajes de las vigas de apoyo. La corrosión de estos elementos habría sido determinante en el fallo estructural que provocó el colapso.

Las actuaciones de mantenimiento detectadas, según la documentación judicial, fueron “tardías y parciales” y se centraron exclusivamente en la estructura de madera, dejando al margen componentes críticos. Esa falta de intervención integral habría impedido detectar a tiempo los signos de deterioro en los elementos metálicos, cuya degradación avanzó sin control.

La instructora considera que estos hechos presentan, en este momento procesal, los rasgos propios de una negligencia grave, suficiente para sustentar la imputación por homicidio imprudente agravado por la pluralidad de víctimas.

El 15 de mayo, fecha clave

El procedimiento entra ahora en una fase decisiva. La jueza ha fijado el próximo 15 de mayo para la declaración de los tres técnicos investigados, en una jornada en la que también se practicará la totalidad de la prueba pericial. A la pericial judicial, ya incorporada al sumario, se sumarán los informes encargados por las acusaciones particulares y las defensas.

Con el objetivo de garantizar la igualdad de armas procesales, la magistrada ha ordenado que todos los dictámenes se entreguen con al menos tres días de antelación, de modo que puedan ser examinados por las partes antes de su discusión en sede judicial.

Asimismo, se ha autorizado el acceso al lugar del siniestro a los peritos designados, que podrán realizar inspecciones oculares y tomar muestras para fundamentar sus conclusiones. Esta fase será determinante para consolidar o matizar las hipótesis técnicas que sustentan la investigación.

En paralelo, la jueza ha acordado que el médico forense examine a la única superviviente del accidente, con el fin de evaluar la entidad de las lesiones y su eventual encaje penal dentro del delito de imprudencia grave.

El foco en las horas previas

La investigación no se limita al análisis estructural de la pasarela, sino que también se adentra en lo ocurrido en las horas previas al accidente. A instancias de una de las defensas, la magistrada ha requerido a la Policía Local un desglose detallado de las actuaciones realizadas tras una llamada al 112 recibida el día anterior al siniestro, en la que un vecino alertaba del estado de la infraestructura.

El juzgado pretende esclarecer cómo se gestionó ese aviso: cuántas intervenciones derivaron en el envío de patrullas, cuántas fueron asumidas por otros servicios municipales y en cuántos casos no se adoptó ninguna medida. Esta línea de investigación busca determinar si existieron oportunidades de actuación que no se materializaron.

Por otro lado, la instructora ha rechazado la pretensión del Ayuntamiento de Santander de imputar al ingeniero que firmó el subproyecto de las pasarelas. La magistrada considera que su intervención fue parcial y que el conjunto de la obra fue asumido y validado por el director del proyecto, que sí figura como investigado en la causa.