Las Palmas de Gran Canaria, 20 abr (EFE).- Los municipios canarios han estimado en 186,8 millones de euros los daños que han sufrido debido al paso de la borrasca Therese a finales de marzo, unas cuantías que, tras la habitual revisión, el Gobierno de España se ha comprometido a tramitar "a la mayor premura posible".
Así lo ha asegurado este lunes en una rueda de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras reunirse en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias con su responsable, Anselmo Pestana, y en la que ha recordado que los ayuntamientos podrán enviar estos datos a la administración estatal hasta el 7 de mayo.
Con base en el acuerdo suscrito el pasado 7 de abril, se podrán presentar aquellos daños en viviendas y enseres para recibir ayudas estatales; los gastos de emergencia de los ayuntamientos, así como las afectaciones en infraestructuras municipales y red viaria; las ayudas del consorcio de compensación por los bienes materiales dañados, y se abre la posibilidad a exenciones fiscales y ayudas al sector primario.
Hasta el momento, los ayuntamientos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han remitido a la Delegación del Gobierno daños en materia municipal por valor de 78,2 millones de euros, mientras que los de Las Palmas lo han hecho por un montante de 108,6 millones de euros.
"A partir de ahí, el Gobierno de España, lógicamente, hace la valoración acorde a los daños concretos. No es solo que un ayuntamiento diga que hay un daño, hay que ver que ha sido producido, tiene que estar acreditado. Hay dos semanas de ese trabajo para luego pedir crédito al Ministerio de Hacienda", ha explicado Torres.
Sobre el 7 de junio, se espera poder sacar la convocatoria pública de ayudas que, según el trámite habitual, sobre octubre podrían empezar a llegar a los ayuntamientos en forma de resoluciones, para, a partir de ahí, empezar a adjudicarlas dentro de un plazo de tres meses.
En cualquier caso, todo este proceso el Gobierno está intentando que se haga "con la mayor premura posible" para que antes de finalizar este año 2026, los ayuntamientos puedan empezar a adjudicar las obras necesarias.
Y, para ello, también ha establecido el abono del 85 % de los fondos que le competen -el 50 % del total- para que las corporaciones puedan iniciar estas obras necesarias.
Igualmente, el ministro ha recordado que en esta ocasión, las entidades locales podrán acogerse a las inversiones financieramente sostenibles para abonar el 50 % restante de los daños provocados por la borrasca. EFE
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