PP, Vox y Junts cargan contra la regularización que Sánchez aprueba con aval de la Iglesia

Madrid, 14 abr (EFE).- PP, Vox y Junts han criticado este martes al Gobierno por haber aprobado una regularización extraordinaria de inmigrantes, pese a que tanto la Iglesia como la patronal sí apoyan este decreto, que no requiere convalidación del Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los partidos de la derecha que escuchen la opinión de la Iglesia y de la CEOE.

"No estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", ha dicho Sánchez en una rueda de prensa en Pekín.

Además, el líder socialista ha publicado una carta a la ciudadanía en la que subraya que la regularización es un acto de justicia, porque normaliza la situación de medio millón de personas, y también un acto de necesidad, debido al envejecimiento demográfico.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo ha definido como "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Saiz ha resaltado que para acceder a esta regularización se requerirá carecer de antecedentes penales, por lo que "no supone una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

"Frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha incidido en que "quien vive aquí, quien trabaja aquí, tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores, ha dicho que la regularización "no es humanitaria" y "alienta a las mafias", ya que extiende el mensaje de que "pueden hacer su trabajo con éxito" dado que en España "podrá entrar cualquiera".

Además, según Feijóo, no tiene "exigencias suficientes" para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser no solo medio millón, sino incluso "más de un millón".

"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", ha dicho la dirigente de Vox Isabel Pérez Moñino al presentar una campaña de concienciación de su partido sobre las consecuencias de la inmigración.

Vox recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que el jueves comience a aplicarse, y también su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha criticado que se haga por real decreto y así el Gobierno "se salte" la votación en el Congreso.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha señalado que una regularización masiva no es una solución y que su partido apuesta por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida, por lo que reclama "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña".

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha recordado que el PP votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular de regularización, pero finalmente Feijóo ha optado "por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que su partido ha negociado hasta el último momento el real decreto y ha lamentado que el Gobierno haya hecho "concesiones" en cuanto a las restricciones por antecedentes penales tras el informe que emitió el Consejo de Estado.

Otras críticas desde la izquierda han llegado de los dos diputados de Compromís: de Andrés Ibáñez, porque ve incompatible la regularización con que continúen abiertos los CIES, que son "cárceles ilegales", y de Àgueda Micó, por quedar los saharauis al margen de este proceso de regularización. EFE