Melilla, 10 abr (EFE).- El exconsejero del Gobierno de Melilla Rachid Bussian ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza que instruye la operación Santiago-Rusadir, que investiga supuestos delitos relacionados con la corrupción y compra de votos en la legislatura anterior, acusándola de “desidia”.
La queja, a la que ha tenido acceso EFE, está motivada por “una necesidad de solicitar amparo, de procurar la restitución de los derechos y garantías”, ante la “absoluta indefensión y abandono” que dice sufrir desde hace casi tres años por las medidas establecidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla en este caso.
El principal motivo de la queja es “la desidia, la dilatación y paralización injustificada del desbloqueo parcial de una cuenta bancaria” del exconsejero, con la que sufraga los gastos básicos y cotidianos de su unidad familiar, y que sigue embargada.
Ello, a pesar de que la Audiencia Provincial de Málaga ordenó en octubre de 2024 que se desbloquearan 2.500 euros mensuales para los pagos obligados correspondientes a la Seguridad Social, tributarios y gastos corrientes de la unidad familiar “en los términos que deberá concretar la juez instructora”.
“A día de hoy, la cuenta permanece bloqueada en los mismos términos acordados en el bloqueo inicial acordado en auto de 4 de marzo de 2024 del Juzgado de Instrucción”, lamenta el exconsejero en su queja, firmada también por su abogada, Bárbara Royo, en la que considera esta situación fruto de una “manifiesta desidia” y un “abandono absolutamente objetivo”, ya que tampoco están siendo atendidos sus recursos.
También es motivo de queja los errores informáticos del sistema Horus justicia que, según apunta, les impiden visualizar y descargar documentos relacionados con esta causa, que investiga una supuesta trama de compra de votos y supuestos delitos de fraude en la contratación pública, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, entre otros.
Consideran que el hecho de ser una causa compleja y voluminosa no puede traducirse “en la asunción de una pérdida masiva e intolerable del respeto a los derechos fundamentales más básicos de todo proceso penal y, en definitiva, del Estado democrático de derecho”.
A su juicio, el perjuicio “es inasumible, inaceptable y, sobre todo, ajeno a un proceso judicial que ha de velar por el pulcro respeto a las garantías más básicas de todo ciudadano investigado” y “no existe justificación para tal flagrante vulneración de los derechos fundamentales”.
Este caso, con decenas de detenidos e investigados, entre ellos el expresidente de Melilla y presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, y cuatro exconsejeros del Gobierno melillense en la anterior legislatura, sigue bajo secreto de sumario tras haber sido prorrogado un mes más por la jueza que lo instruye. EFE
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