Junts pide la comparecencia de Illa y dos consejeros por la sentencia del TSJC sobre el catalán

Al referirse a lo que califica como una “nueva injerencia” judicial contra el catalán, la presidenta del grupo parlamentario Junts, Mònica Sales, reclamó este lunes explicaciones inmediatas en la Cámara a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ordenó la ejecución provisional de una sentencia que anula parte del decreto sobre el uso del catalán en las escuelas. Según publicó el medio, Sales solicitó la comparecencia urgente ante el Parlament del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau, y del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

De acuerdo con lo que detalló la propia Sales en rueda de prensa tras la decisión judicial, Junts exige que los responsables del Govern expliquen “qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana”. Insistió en que la situación requiere una reacción unitaria y contundente de parte del Gobierno catalán, la comunidad educativa y las entidades que apoyan el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza, según consignó el medio.

Durante su intervención, Sales acusó a Illa de falta de compromiso con la defensa del modelo actual de enseñanza, y apuntó que “en un momento de máxima emergencia hay silencios que no deberíamos permitir”. En este sentido, la dirigente consideró que la inacción o tibieza en la respuesta puede convertir al presidente de la Generalitat en “cómplice” de lo que considera una vulneración de derechos lingüísticos por vía judicial y política, informó la fuente.

La presidenta de Junts mencionó que, a su entender, la sociedad catalana enfrenta una “cruzada contra la lengua” desde todas las vías, tanto internas como externas. Señaló a entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe por procurar crispar y “atacar un modelo de éxito”, siempre según declaraciones recogidas por el medio. Añadió que la intervención judicial ataca leyes aprobadas por un amplio consenso en el Parlament, por lo que instó de nuevo al Govern a defenderlas “hasta el último momento” y aseveró que “desafortunadamente la justicia continúa haciendo política y no justicia".

Sales reiteró que la actual resolución del TSJC implica un recorte adicional de derechos en el ámbito educativo, según reportó el medio. Consideró imprescindible una respuesta que adopte una actitud de país y criticó tanto la sentencia como la manera en que el Gobierno autonómico atiende este tipo de decisiones desde el plano institucional.

Respecto al Pacte Nacional per la Llengua, Sales recordó que Junts decidió no firmarlo y manifestó que lo considera “más un escaparate que una concreción”, exponiendo deficiencias en el texto y criticando la falta de avances. Según la presidenta de Junts, el pacto no se posiciona sobre el modo en que el Govern debería actuar ante sentencias como la del TSJC ni aborda la oficialidad del catalán en Europa, aspectos que consideró indispensables.

La creación de una oficina de derechos lingüísticos, pendiente de puesta en marcha según una moción aprobada en el Parlament, también formó parte de las reclamaciones de la dirigente. Denunció que esa oficina debería funcionar antes de finales de 2025. Para concluir su intervención, Sales transmitió la exigencia de su grupo para que el Gobierno catalán actúe en defensa de la lengua, las leyes consensuadas y los derechos lingüísticos, empezando, según sus palabras, por la aplicación de las medidas recogidas en el Pacte Nacional per la Llengua.

A lo largo de la rueda de prensa, Junts reiteró el carácter urgente de la comparecencia solicitada y advirtió que la comunidad educativa y las entidades sociales esperan una respuesta clara, institucional y eficaz, reportó el medio. La formación subrayó que la actuación judicial afecta directamente al modelo vigente de escuelas y a la preservación del catalán como lengua vehicular, núcleo del actual patrón educativo en Cataluña, y reclamó una postura firme por parte de todas las administraciones implicadas.