
Las manifestaciones que exigen justicia, transparencia y responsabilidad tras la tragedia causada por la dana del 29 de octubre de 2024 han cobrado un nuevo impulso entre los afectados, quienes consideran que la reciente decisión judicial representa solo un peldaño más en su búsqueda de verdad y reparación. Según publicó el medio original, esta semana se celebró la primera protesta posterior al fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que excluyó de la investigación al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por no encontrar un deber jurídico que permitiera imputarlo tras la catástrofe que dejó más de 230 víctimas mortales.
La movilización, encabezada por representantes de las principales asociaciones de víctimas, recorrió el centro de Valencia bajo el lema ‘Mazón a presó’. Tal como consignó la fuente, la convocatoria reunió a familiares y a colectivos de afectados, quienes expresaron su rechazo al amparo judicial conferido a Mazón y exigieron que no se le aplique el aforamiento. Esta figura jurídica, según sostienen los manifestantes y sus portavoces, no debe convertirse en un escudo para eludir la rendición de cuentas.
El fallo del TSJCV desestimó la apertura de diligencias contra Mazón al entender que las normas vigentes eximían al entonces jefe del Consell de una responsabilidad concreta para garantizar la seguridad de los habitantes durante la emergencia. A pesar de ello, detalló el medio citado, el tribunal calificó de “reprobable”, tanto en lo social como en lo político, la actitud mostrada por Mazón en los hechos analizados. Paralelamente, la jueza titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, encargada de la investigación sobre la gestión de la dana, decidió prorrogar seis meses más las indagaciones y citó a Mazón a declarar como testigo en la causa.
Además, la magistrada invitó a Mazón a facilitar registros de llamadas y comunicaciones, incluidos mensajes de WhatsApp y facturas telefónicas del día del desastre, con el objetivo de esclarecer su grado de intervención en la gestión de la emergencia. Según informó la fuente original, las asociaciones de víctimas ven en esta medida una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades.
Minutos antes del inicio de la concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, indicó que los afectados seguirán demandando verdad, justicia y reparación. Gradolí sostuvo que el expresidente debe responder por la gestión de la crisis que ocasionó la muerte de al menos 230 personas y criticó duramente el auto del TSJCV que devolvía la causa a la instrucción. “Si el Tribunal Superior de Justicia (...) dice que Carlos Mazón no era garante, que no tenía ninguna responsabilidad el día que pasó el mayor desastre de la Comunitat Valenciana (...), si no es responsable el ‘president’ de la Generalitat, ¿quién lo es?”, expresó ante los medios, según relató la fuente.
Por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, subrayó que la principal reclamación es el levantamiento del aforamiento de Mazón, y arremetió también contra las circunstancias que, en su visión, han premiado al expresidente con un proceso legal favorable, insinuando que quienes integran el TSJCV pueden estar influidos por relaciones personales o afinidades políticas. En palabras de Álvarez, “el Tribunal Superior de Justicia está formado por cinco personas que en un momento aprobaron una oposición y que ahora están ahí, no sé si con muchas o pocas ganas de trabajar, no sé si con más o menos afinidad a Carlos Mazón, aunque sí que hay unas fotos con cierto compadreo”.
Durante la marcha, los asistentes recorrieron diversas calles céntricas hasta llegar a la Plaça de la Mare de Déu, portando carteles que exigían justicia y denunciaban lo que consideran impunidad. Entre las consignas más repetidas se escucharon “No son muertos, son asesinados”, así como mensajes directos a los responsables políticos y judiciales como “Mazón a prisión, Consell dimisión”. Fotografías de varias víctimas y pancartas con mensajes como “Menos mentiras, más justicia” y “Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja” acompañaron el recorrido, describió el medio original.
La indignación de los familiares y de los colectivos de víctimas se acentuó tras la decisión judicial, que para muchos constituye una muestra de impunidad. Además, la prórroga otorgada por la jueza instructora es percibida por las asociaciones como un resquicio para proseguir con la búsqueda de responsabilidades. Gradolí y Álvarez han asegurado que no decepcionarán la memoria de sus seres queridos y que persistirán en su activismo público y judicial hasta lograr que se depuren las responsabilidades, como reiteraron ante los medios durante la protesta y según reportó la fuente.
Las asociaciones insisten, según la cobertura del medio, en que una actitud de espera pasiva no encaja en su estrategia: consideran cada decisión judicial como parte de un proceso prolongado, que asumen con paciencia y determinación. La prolongación de las investigaciones y la citación de Mazón como testigo representan, en su opinión, pasos que pueden contribuir a esclarecer los hechos y abrir posibles nuevas vías de responsabilidad en el futuro.
El desarrollo de las movilizaciones y la continuidad del proceso judicial mantienen en el centro de la agenda pública las demandas de las familias afectadas por la dana. Sus líderes aseguran que planean mantener la presión en todos los ámbitos necesarios hasta obtener respuestas satisfactorias por parte de las instituciones, una determinación que manifiestan a través de su presencia constante en la calle y en los tribunales, tal como describió la fuente original.

