Bustinduy, "convencido" de que Congreso convalidará la prórroga de alquileres: "Nadie puede permitirse votar en contra"

Bustinduy destacó que la situación pone en riesgo el futuro de cerca de tres millones de residentes en España que podrían verse obligados a abandonar sus viviendas debido al vencimiento de sus contratos de alquiler, si no se aprueba la prórroga en debate. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 enfatizó el impacto potencial, detallando que solo en Andalucía el número de afectados podría alcanzar los 360.000 inquilinos, quienes experimentarían incrementos de entre el 30% y el 50% en sus alquileres o tendrían que dejar sus hogares.

Según reportó Europa Press, Bustinduy expresó su seguridad respecto a la validación en el Congreso del Real Decreto-ley 8/2026, impulsado a raíz de la escalada de precios vinculada al contexto internacional de la guerra en Irán. El ministro insistió en la imposibilidad de justificar un voto en contra del decreto, advirtiendo que rechazarlo tendría un costo político considerable para quienes se opongan, al subrayar la presión social creciente y las movilizaciones de inquilinos y sindicatos.

Europa Press consignó que, en declaraciones realizadas durante una visita a Las Cabezas de San Juan, Sevilla, Bustinduy argumentó que existen dos factores determinantes: la disposición para negociar con todas las fuerzas posibles y la movilización creciente de los afectados. Explicó que la sociedad civil, sindicatos de inquilinos, colectivos sociales y despachos de abogados están organizando campañas y ofreciendo asesoría gratuita a quienes podrían verse afectados. La confluencia de estas acciones refleja, según manifestó, la existencia de un movimiento transversal que involucra ciudadanos de distintas ideologías y regiones.

El ministro, en conversación con medios y acompañado por Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía, dirigió un mensaje a los parlamentarios de derecha. Subrayó que, si creen que pueden rechazar el decreto sin enfrentar consecuencias políticas, incurren en un error de cálculo. Añadió que la ciudadanía sabrá ejercer presión sobre los representantes, enfatizando que quienes se opongan deberán responder a quienes verían afectada su estabilidad habitacional.

Europa Press informó que Bustinduy se dirigió específicamente a los inquilinos cuyos contratos vencen en 2025 y 2026. Les recordó que la prórroga permanece en vigor y los animó a solicitar la extensión de sus contratos mediante el envío de un burofax a sus arrendadores, lo que les permitirá permanecer dos años adicionales en las mismas condiciones, sin incremento en el precio. Aseguró que esta prórroga es plenamente legal y de cumplimiento obligatorio.

Durante el encuentro en Andalucía, Bustinduy solicitó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que influya sobre el Grupo Popular en el Congreso para apoyar el decreto. Según detalló Europa Press, planteó que resulta inviable para Moreno y la ultraderecha explicar un voto contrario ante comunidades donde la subida del alquiler y la transformación de viviendas en alojamientos turísticos afectan gravemente a los barrios y ciudades.

El titular de Derechos Sociales especificó que oponerse a la medida significaría alinearse con la especulación inmobiliaria y la expansión de pisos turísticos en detrimento de los residentes habituales. Recalcó que la función del Gobierno en esta coyuntura es asegurar que las familias mantengan sus viviendas y puedan asumir el pago del alquiler sin sobresaltos ni desplazamientos forzados.

Bustinduy defendió ante los medios, según recogió Europa Press, que la aprobación de la prórroga se configura como objeto de amplio apoyo social y que las organizaciones de inquilinos y sindicatos sostendrán la defensa del decreto tanto en instancias institucionales como en la vía pública. Expresó que la medida trasciende divisiones políticas y territoriales, involucrando a ciudadanos "de izquierda y de derecha, catalanes y andaluces".

Por último, Europa Press detalló que el ministro resaltó las consecuencias de no aprobarse el decreto, alertando sobre la posibilidad de que miles de familias enfrenten aumentos sustanciales en el alquiler o tengan que buscar otra vivienda, en ciudades que ya afrontan presiones en el mercado inmobiliario y dificultades de acceso a la vivienda.