Denuncian un bloqueo judicial para "obstaculizar" la investigación de Pegasus

Una de las situaciones más graves detectadas en el proceso judicial vinculado al presunto espionaje con el software Pegasus está relacionada con la respuesta, o falta de ella, por parte de los juzgados españoles a solicitudes internacionales. Según consignó el medio, las autoridades judiciales de Luxemburgo han requerido en repetidas ocasiones una cooperación a su par en Barcelona, específicamente al Juzgado de Instrucción 24, sin obtener respuesta suficiente en más de cuatro ocasiones. Este hecho afecta a procedimientos clave, como la notificación de querellas a los directivos de la empresa NSO Group, con sede en Luxemburgo, presunta responsable del desarrollo y comercialización de Pegasus, lo que obstaculiza tanto la recolección de información como la posibilidad de tomar declaraciones a los implicados.

De acuerdo con lo que publicó el medio, la asociación catalana de derechos humanos Irídia denunció en una rueda de prensa que existe un bloqueo judicial generalizado, que incide de modo directo en la investigación de este caso de espionaje que habría afectado al entorno independentista. Esta denuncia se enfoca en las dificultades para ejecutar las Órdenes Europeas de Investigación (OEI), consideradas por Irídia como diligencias esenciales para avanzar en el proceso. La entidad sostiene que este bloqueo impide notificar debidamente las querellas a la empresa acusada y obtener pruebas fundamentales para el caso.

Según la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, la investigación enfrenta tres escenarios problemáticos en los juzgados de instrucción de Barcelona. El primero corresponde a situaciones donde los afectados presentan la solicitud de una OEI y el juzgado archiva la causa sin definir si dicha investigación era necesaria, hecho que la organización interpreta como una negativa a indagar con profundidad los hechos denunciados. En el segundo escenario, los juzgados aceptan la tramitación de la OEI, pero el trámite no avanza y queda paralizado, llegando a prolongarse por meses o incluso años. Un ejemplo de este caso lo constituye el expediente que involucró a exdirigentes de la CUP, cuya investigación permaneció congelada durante más de un año y medio luego de haberse aceptado la OEI.

En el tercer escenario, considerado el más grave por Irídia, los juzgados llegan a tramitar y aceptar la OEI, pero incurriendo en errores sustanciales, como remitirla sin firma o con datos incompletos. Cuando las autoridades judiciales de Luxemburgo solicitan información adicional, desde el juzgado de Barcelona afectado cesa toda respuesta. La organización detalla que, en cinco expedientes atendidos, estas prácticas llevaron a la paralización de procedimientos y, en un caso específico, al archivo de la investigación por parte de Luxemburgo ante la ausencia de respuesta desde Barcelona. Este expediente afecta directamente al abogado Andreu Van den Eynde. Otros casos, según la misma fuente, permanecen estancados ante la falta de contestación, pese a los reiterados requerimientos desde Luxemburgo.

El medio detalla que, en uno de estos expedientes, la justicia luxemburguesa llegó a emitir un ultimátum dirigido al juzgado de Barcelona instando a la respuesta que nunca se concretó. El propio Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha sido señalado de forma reiterada por Irídia debido a su falta de reacción ante las cooperaciones solicitadas desde Luxemburgo, lo que para los denunciantes constituye un ejemplo significativo de los obstáculos judiciales predominantes en el caso Pegasus.

Adicionalmente, Sònia Olivella explicó que el proceso ha experimentado una fragmentación en la tramitación judicial, con las diferentes causas distribuidas entre seis juzgados de instrucción de Barcelona, pese a la petición de las partes afectadas de que se unificaran las investigaciones. Según Irídia, esta dispersión no ha evitado que en todos los tribunales involucrados surjan obstáculos idénticos a la hora de investigar a fondo los hechos, una situación que, según la asociación, genera una clara situación de indefensión para las personas afectadas.

Según detalló la especialista en Pegasus de Irídia, Cèlia Carbonell, aunque los hechos más recientes investigados corresponden principalmente al periodo 2017-2020, el uso de este software espía en España podría haberse iniciado ya en 2015. Carbonell comparó la situación en España con lo sucedido en otros países, haciendo referencia a que recientemente la justicia de Polonia imputó a dos altos cargos por el presunto uso de Pegasus, y a que Grecia emitió un “veredicto histórico” condenando a directivos de la empresa responsable del spyware Predator. Según la postura de Irídia, el Estado español no estaría mostrando un compromiso similar en la investigación de Pegasus, proceso que consideran obstaculizado por falta de acción del poder judicial.

Carbonell añadió que el caso griego resulta relevante porque, en consonancia con una de las tesis de Irídia, la investigación activa de las empresas dedicadas a comercializar programas de espionaje puede permitir reunir pruebas relevantes tanto contra gobiernos como contra agencias de inteligencia. La experta señaló que estas compañías operan frecuentemente en contextos opacos, lo que exigiría una investigación judicial especialmente proactiva.

El medio relató que la rueda de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Cataluña sirvió para presentar el estado actual de las causas judiciales abiertas sobre el presunto uso de Pegasus en el entorno del independentismo, reiterando la importancia de avanzar con las OEI y de superar los obstáculos judiciales mencionados. Irídia subrayó la gravedad de los retrasos, los errores de tramitación y la falta de respuesta por parte de los juzgados involucrados, y advirtió sobre las implicaciones que esto tiene en el avance del proceso y en la garantía de derechos de los afectados.

El contexto general de la investigación incluye la denuncia de bloqueos y la reiteración de la falta de cooperación judicial en los procedimientos internacionales. De acuerdo con la entidad, la suma de la fragmentación de las causas, la ausencia de respuestas y los retrasos acumulados en las OEI compromete la posibilidad de esclarecer los hechos y de actuar judicialmente contra la empresa sospechosa y contra posibles responsables del uso del software de espionaje en territorio español, concluyó la información publicada por el medio.