Fiscal de Sala contra violencia machista reclama unidades de valoración forense integral listas en todos los juzgados

El retraso en la elaboración de informes por parte de las unidades de valoración forense integral (UVFI) puede llegar a demorar la tramitación judicial hasta seis meses en ciertos territorios, lo que representa un obstáculo significativo para los procesos en los que existen menores implicados y genera consecuencias en el ámbito emocional y físico para las víctimas. Según informó la Cadena SER, esta situación de saturación y funcionamiento deficiente de las UVFI contribuye a agravar la revictimización en casos de violencia de género, además de restar eficacia a la respuesta institucional ante este tipo de delitos.

María Eugenia Prendes, fiscal de Sala coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, destacó durante su intervención en el Foro SER Cantabria que la existencia de estas unidades multidisciplinarias es imprescindible en todos los juzgados del país. El medio Cadena SER detalla que, de acuerdo con Prendes, la presencia y pleno funcionamiento de las UVFI varía dependiendo de la comunidad autónoma y resaltó que, en algunos lugares, tales equipos aún no se encuentran operativos o presentan tal grado de saturación que resulta imposible solicitar informes en plazos razonables. La fiscal subrayó la necesidad de contar con equipos conformados por médicos forenses, trabajadores sociales y psicólogos, de modo que se generen informes conjuntos sobre la situación familiar, posibles casos de reincidencia y el impacto sobre menores, consolidando así una respuesta judicial más coordinada y eficiente.

Esta falta de coordinación y recursos personalizados se traduce, según publicó la Cadena SER, en la elaboración de informes individuales y, en ocasiones, contradictorios por parte de distintos especialistas, lo que puede obstaculizar la comprensión integral de cada caso. Prendes señaló que cualquier inversión debe orientarse hacia medidas realmente eficaces, e insistió en la importancia de adaptar el procedimiento judicial a las necesidades de las mujeres que deciden interponer una denuncia. Al iniciar la denuncia, las víctimas suelen enfrentarse a un proceso calificado de “calvario procesal” por la fiscal, quien mencionó la ruta que comienza en hospitales, continúa en comisarías y juzgados, y representa un trayecto hostil marcado por la revictimización secundaria, dada la estructura actual del proceso legal.

En cuanto a la experiencia de las víctimas, Prendes lamentó la persistencia de actitudes de incredulidad y expresiones despectivas cuando una mujer denuncia ante los tribunales. Según consignó la Cadena SER, la fiscal hace referencia a informes que indican que la totalidad de las mujeres que denunciaron una violación no volverían a hacerlo, una cifra que considera “demoledora” y que evidencia un desencuentro entre las necesidades reales de las víctimas y las soluciones ofrecidas por el sistema. Prendes explicó que esta desconfianza de las mujeres hacia la justicia tiene su origen en la creencia, resultado de sus experiencias, de que la justicia tampoco confía en ellas.

Tal como publicó la Cadena SER, la fiscal subrayó que, a pesar de la existencia de normas que establecen la igualdad formal, la realidad refleja que todavía persiste una brecha material en el acceso a la justicia para las mujeres, derivada de un problema estructural de la sociedad. Prendes apuntó hacia la necesidad de introducir cambios progresivos en los patrones culturales y sociales del patriarcado y cuestionó el tratamiento mediático de la mujer, argumentando que su figura adquiere relevancia en los medios únicamente cuando se enfrenta a situaciones extremas. En el ámbito publicitario, según reportó la Cadena SER, Prendes declaró que continúan transmitiéndose imágenes sexistas que contribuyen a la perpetuación de estereotipos.

La fiscal también manifestó su preocupación por lo que considera una regresión en los comportamientos de la juventud, ejemplificada por conductas asociadas a los celos y la posesividad, lo que, según su opinión, puede vincularse a una falta de educación sexual. Prendes citó la expansión de discursos negacionistas de la violencia de género entre la población joven y adulta, aunque según la fiscal, esto no significa necesariamente que estos discursos incentiven la comisión de actos violentos.

Sobre la situación actual, Prendes consideró las cifras de víctimas de violencia machista en el inicio de 2026 como “demoledoras”: catorce mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una de ellas en Cantabria la semana anterior, y tres menores fallecidos. No obstante, durante su ponencia titulada "Pasado, presente y futuro de la Ley Integral de protección de las mujeres: dos décadas de avance contra la violencia de género", la fiscal resaltó que la legislación española constituye una referencia internacional, atrayendo el interés de representantes extranjeros que visitan la Fiscalía para conocer el descenso registrado en los indicadores, aunque remarcó que las cifras de España, pese a ser bajas en relación a otros países, siguen siendo inadmisibles.

En relación al marco legislativo y de políticas públicas, el medio Cadena SER señaló que Prendes no ve necesario renovar aún el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, actualizado por última vez hace un año, pero sí cree imprescindible realizar una autocrítica sobre los avances obtenidos y la eficacia real de las medidas adoptadas hasta ahora. La fiscal admitió que, aunque se han producido mejoras, el cambio estructural y la revolución esperada todavía no se han materializado plenamente.