El Supremo rechaza el último intento de Koldo para suspender el juicio de las mascarillas

La petición de anulación radical del procedimiento presentada por la defensa de Koldo García buscaba que el proceso judicial regresara a la fase previa a la resolución recurrida, apoyándose en la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales como la tutela judicial efectiva, el acceso al juez ordinario predeterminado por la ley y la obtención de pruebas pertinentes. Según informó Europa Press, el Tribunal Supremo desestimó esta última maniobra procesal e indicó en una providencia que no existe posibilidad de recurso alguno contra el auto previo de inadmisión de alegaciones interpuestas tanto por García como por el exministro José Luis Ábalos.

El máximo órgano judicial ratificó de esta manera la convocatoria al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, confirmando, según consignó Europa Press, que Ábalos y García deberán sentarse en el banquillo de los acusados, junto al empresario Víctor de Aldama. Tanto el exministro como su exasesor permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre, mientras que el juicio tiene previsto su inicio el 7 de abril y se prolongará hasta finales de mes en el propio Tribunal Supremo.

La causa investiga la posible implicación de los acusados en una trama relacionada con irregularidades en el proceso de adquisición de material sanitario, concretamente mascarillas, cuyo coste y adjudicación quedaron bajo escrutinio ante dudas sobre la legalidad y transparencia. De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que Víctor de Aldama, quien ha reconocido la acusación, afronta una petición fiscal de 7 años de cárcel.

Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevaron las demandas penales hasta los 30 años de prisión para Ábalos y García, según detalló Europa Press, y mantienen la petición de 7 años de cárcel para Aldama, igualando la solicitud de la Fiscalía. Los argumentos presentados por la defensa se sostuvieron en la supuesta violación de garantías fundamentales, cuestión que fue rechazada tanto en la audiencia preliminar celebrada en febrero como en la reciente resolución del Supremo.

Ambos principales acusados sostienen que no cometieron infracción legal alguna en el contexto de la compra de mascarillas y defienden su inocencia. Este proceso judicial ha despertado una notable expectación al tratarse de ex altos cargos y empresarios involucrados en la gestión de contratos públicos en un momento crítico para la administración sanitaria.

El Tribunal Supremo, recogió Europa Press, ratificó así la validez de la convocatoria al juicio oral, cerrando la vía a recursos extraordinarios y dejando firme la fecha y estructura del próximo procedimiento judicial. El desarrollo del juicio se prevé clave para esclarecer las responsabilidades penales de los encausados, cuya situación procesal continuará definida por las resoluciones del máximo órgano judicial mientras avance la vista, teniendo en cuenta la gravedad de las penas solicitadas por las partes acusadoras.