La acusación pide 25 años de cárcel por la muerte de un hombre en Huelva y defensa pide absolución

La composición del jurado popular encargado del caso por la muerte de un hombre en el barrio de El Torrejón, Huelva, ha generado controversia debido a que está formado por 18 miembros en lugar de los 20 que exige la normativa. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la defensa de varios acusados señaló que este incumplimiento puede desencadenar nulidades en el proceso, advirtiendo que la falta de respeto a los protocolos podría afectar la validez del juicio.

El juicio, que se desarrolla en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva desde el pasado viernes, busca esclarecer la autoría y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un hombre el 16 de septiembre de 2020 tras una reyerta en el barrio de El Torrejón, según detalló Europa Press. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, solicita 25 años de prisión para cada uno de los once acusados bajo la consideración de que existió asesinato con alevosía y ensañamiento, sosteniendo que hubo una “autoría conjunta”. De acuerdo con la acusación particular, la muerte no resultó de un suceso aislado, sino que derivó de una escalada de conflictos previos motivados por problemas de convivencia, entre ellos amenazas personales y telefónicas supuestamente enviadas por los acusados a la víctima y su familia.

La acusación identifica la existencia de un plan conjunto y argumenta que la intervención de cada uno de los procesados fue necesaria para que se produjera el resultado fatal. Según Europa Press, el abogado Guillem Ventura, representante de la familia de la víctima, explicó que, aunque la fiscalía solicita para el principal investigado 15 años de prisión por homicidio y para otros cinco acusados 13 años de cárcel por el mismo delito, la acusación particular sostiene que todos los procesados actuaron en colaboración y sin un acuerdo previo no podría haberse producido la muerte. Por este motivo, piden la pena máxima para cada uno de los acusados. Anteriormente, la acusación ya había solicitado prisión preventiva para los procesados, lo cual no se concedió, permitiendo que permanecieran en libertad durante el proceso, circunstancia que la familia de la víctima ha calificado de dolorosa.

La defensa, en cambio, ha centrado sus argumentos en la inexistencia de pruebas directas que identifiquen al autor de la puñalada mortal. Según consignó Europa Press, los abogados defensores sostienen que la investigación policial y judicial no logró establecer responsabilidades individuales, motivo por el cual consideran improcedente que los once acusados puedan ser condenados por asesinato. El abogado Eduardo Montaño afirmó que el caso refleja una falta de rigor en la investigación, puntualizando que “no puede haber once acusados con un fallecido con una sola apuñalada”. En palabras del letrado, el juicio carece de sentido si el jurado debe determinar lo que ni la policía ni la instrucción judicial pudieron dilucidar.

Además, el desarrollo del jurado popular ha sido complejo, tal como informó Europa Press. El 12 de enero, la vista oral tuvo que suspenderse porque el número de candidatos a integrar el jurado no alcanzaba el mínimo legal, lo que obligó a reprogramar el inicio del juicio. El letrado Fernando Retamar, defensor de cuatro procesados, señaló que la conformación del jurado constituye un elemento de recurso y vulnera derechos fundamentales, pues la ley es clara respecto al requerimiento de 20 candidatos, y en este caso solo se logró reunir 18, entre los que figuraban dos personas que ya habían participado en otros juicios como miembros del jurado.

Las versiones sobre el origen del enfrentamiento difieren en función de a quién se consulte. Europa Press reportó que, para la acusación, el detonante estuvo relacionado con una disputa por goteras y problemas de convivencia, agravados por amenazas previas a la familia de la víctima. En contraste, la defensa argumenta que el altercado no se originó por esos motivos, sino que existieron desavenencias anteriores relacionadas con un presunto acoso de la víctima hacia la hija menor de uno de los acusados, lo que habría desatado la pelea.

En cuanto al desarrollo de los hechos examinados durante el juicio, la defensa sostiene que la riña fue “tumultuaria y mutuamente aceptada”, presentando una perspectiva en la que la víctima habría iniciado el ataque con un cuchillo de grandes dimensiones, agrediendo a integrantes de la familia de uno de los encausados, en especial a sus hijos. El abogado Antonio Revuelta, representante de otros cuatro procesados, enfatizó que no existe ninguna prueba directa que permita identificar quién fue el responsable de la puñalada letal y remarcó que las declaraciones de los familiares de la víctima presentan inconsistencias y contradicciones.

De acuerdo con Europa Press, todos los acusados han permanecido en libertad desde el primer día, lo que la defensa utiliza como argumento adicional para solicitar su absolución. Los abogados insisten en la ausencia de evidencias y sostienen que la instrucción y el proceso de investigación han resultado insuficientes para dirimir responsabilidades individuales en el suceso.

El juicio avanza bajo la atención mediática y social de la ciudad de Huelva, marcada tanto por el reclamo de justicia de la familia de la víctima como por las objeciones de las defensas respecto a la investigación, la conformación del jurado y la interpretación de los hechos presentados. El desenlace del proceso dependerá de la valoración que realice el jurado popular elegido y de las decisiones posteriores que adopten los órganos de justicia.