El Gobierno "dará la batalla" a los Franco por la indemnización del Pazo de Meirás: "Tendrá recorrido jurídico"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaró que el Ejecutivo consultó a la Abogacía del Estado sobre el futuro judicial de la indemnización que el Tribunal Supremo concedió a los herederos de Francisco Franco por el Pazo de Meirás, y que la causa deberá trasladarse a la Audiencia Provincial de A Coruña para su ejecución. Según indicó Torres en una entrevista transmitida por Cadena SER y recogida por Europa Press, el Gobierno trabaja en coordinación con distintos servicios jurídicos con el objetivo de agotar todas las vías legales para evitar que el desembolso recaiga sobre el patrimonio público.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Torres solicitó la colaboración de todas las administraciones implicadas en el asunto y reiteró el compromiso de “seguir defendiendo los intereses públicos” frente a demandas privadas. El ministro explicó que la sentencia reciente del Tribunal Supremo reconoce la titularidad estatal del inmueble, pero también el derecho de compensación económica para la familia Franco, cuya cuantía se fijará una vez que se ejecute el fallo. En 2020, el abogado de la familia estimó la cantidad mínima en 800.000 euros.

El Ejecutivo prevé un proceso legal extenso y ya coordina esfuerzos con los equipos jurídicos de otras entidades públicas, a quienes Torres agradeció su implicación en el procedimiento. En palabras textuales, afirmó: “Vamos a dar la batalla, y espero que sea con el conjunto de administraciones, para que un uso de alguien privativo no tengamos que indemnizarlo con cantidades económicas”.

Europa Press informó también que Torres consideró la sentencia como un resultado favorable para los intereses colectivos, ya que supone, en palabras suyas, “una victoria de la defensa de lo público frente a lo privado y de la democracia frente al totalitarismo”. El ministro expresó este juicio mientras asistía a una exposición dedicada a ‘la Nueve’, la unidad militar integrada principalmente por republicanos españoles y que participó en la liberación de París en 1944.

Dentro de los próximos pasos, Torres detalló que el ejecutivo colaborará con Patrimonio Nacional y otras administraciones para definir el futuro uso del Pazo de Meirás. El objetivo es que la propiedad, declarada Lugar de Memoria Democrática, esté al servicio de la sociedad y se comparta el acceso, organizando su apertura al público para recordar su historia. El ministro consideró esencial que el edificio pueda ser visitado y reciba las inversiones necesarias para conservar su valor histórico.

Consultado sobre la petición del Bloque Nacionalista Galego (BNG) para transferir la titularidad del Pazo de Meirás a la comunidad autónoma de Galicia, Torres señaló que primero se examinará detenidamente la propuesta antes de fijar una posición, aludiendo a la falta de un análisis concluyente hasta el momento.

En otro aspecto vinculado a la gestión territorial y a la cooperación institucional, Torres calificó la relación del Gobierno central con la Xunta de Galicia como positiva, al expresar que “hemos llegado a más acuerdos desde 2019 hasta hoy que en los años anteriores”. El ministro valoró que el actual presidente autonómico, Alfonso Rueda, no presenta una actitud de confrontación permanente, lo que facilita los acuerdos, a diferencia de situaciones vividas con otros gobiernos regionales.

Sobre la transferencia de competencias, Europa Press detalló que Torres se refirió a la reclamación de la Xunta para completar los casi 200 expedientes costeros pendientes de tramitación. Aseguró que el Gobierno cumplirá el compromiso adquirido, señalando la complejidad administrativa del proceso y la necesidad de actuar de forma consensuada para garantizar una correcta implementación del traspaso. Torres recordó su experiencia como presidente autonómico, indicando que estos procedimientos suelen requerir un tiempo considerable para su correcta ejecución.

El ministro adelantó los planes para lograr antes del final del año el traspaso de la competencia sobre permisos de trabajo para personas migrantes, un ámbito en el que el Gobierno y la Xunta ya colaboran. Según consignó Europa Press, la coordinación con las administraciones autonómicas y la intención de fortalecer el clima de entendimiento forma parte de la estrategia general del Gobierno central en la gestión de competencias y patrimonio público.