Torres pide declarar por escrito en el juicio de las mascarillas por ser ministro y expresidente canario

Ángel Víctor Torres, en calidad de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha fundamentado que ostentó la presidencia del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 para solicitar su comparecencia por escrito como testigo ante el Tribunal Supremo en el proceso por presuntas irregularidades durante la adquisición de material sanitario en la pandemia. Según informó Europa Press, Torres dirigió un escrito a la Sala de lo Penal del Supremo donde pide beneficiarse de la exención contemplada en la legislación para altos cargos y exdirigentes autonómicos, apelando a la normativa que regula la declaración de testigos en procedimientos judiciales.

El ministro solicitó el envío del “oportuno pliego de preguntas” para responderlas por escrito y remitirlas conforme al marco legal vigente, tal como publicó Europa Press. En su planteamiento jurídico, el responsable de Política Territorial argumentó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que los presidentes de comunidades autónomas pueden quedar exentos de tener que personarse físicamente para declarar como testigos. Torres también resaltó que el mismo artículo exime de esa obligación a los miembros del Ejecutivo central.

La causa ante el Supremo involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. El procedimiento investiga presuntas anomalías en la compra de mascarillas dentro del contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Según consignó Europa Press, los hechos bajo investigación se remontan al periodo en el que Torres se encontraba al frente del Gobierno canario, concretamente en los años críticos de la gestión de la pandemia.

Torres argumentó en el escrito presentado que su conocimiento de los hechos deriva de sus funciones durante el periodo investigado, y que toda información en su poder proviene precisamente del ejercicio de su cargo en la administración autonómica. Añadió que, de acuerdo con lo que ha trascendido en los medios de comunicación sobre la investigación, los hechos analizados en el proceso están directamente conectados con su etapa como presidente de Canarias.

Según detalló Europa Press, la previsión es que tanto Ángel Víctor Torres como Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno de Baleares, comparezcan como testigos el 22 de abril. Ambos han sido citados por los mismos motivos, vinculados al papel institucional que desempeñaron durante la compra de material sanitario que ahora es objeto de examen judicial.

El procedimiento normativo que alega Torres responde a las reglas especificadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su articulado reserva ciertos privilegios procesales a quienes ocupan o ocuparon cargos en la Administración Pública. Esta normativa reconoce el derecho de presidentes autonómicos y ministros a responder por escrito a los requerimientos de órganos judiciales en condición de testigos, elemento que ha invocado Torres en su solicitud ante la Sala de lo Penal del Supremo, reportó Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el caso de las mascarillas ha implicado a diversas figuras políticas y empresariales debido a sospechas sobre posibles irregularidades en los contratos de adjudicación firmados durante los momentos iniciales de la crisis sanitaria. La investigación se encuadra en una serie de indagaciones que revisan la transparencia y legalidad de las operaciones públicas para la gestión de material sanitario en todo el territorio español.

En el contexto del sumario, la presencia de testigos con rango institucional tiene como objetivo esclarecer si las decisiones adoptadas por los gobiernos autonómicos y central durante esos meses respondieron a criterios técnicos y legales o si existieron conductas fuera del marco normativo previsto. La declaración de Torres, al igual que la de Armengol, busca arrojar luz sobre los procedimientos y mecanismos adoptados, según publicó el medio de comunicación Europa Press.

La fijación del 22 de abril como fecha para la declaración de estos exmandatarios autonómicos muestra el avance del proceso penal dentro del calendario judicial, concentrando las expectativas en las respuestas que ambos puedan aportar acerca de la toma de decisiones durante la pandemia, en relación con los contratos bajo investigación. Europa Press reportó que la tramitación formal de la solicitud de Torres ante el Supremo aguarda resolución, lo que determinará si se materializa la comparecencia de forma escrita o presencial, conforme a los derechos y prerrogativas que corresponden legalmente a los altos cargos.