La Audiencia Nacional requiere a la UCO el material intervenido en casa de Leire Díez para expurgarlo

La defensa de Leire Díez, exmilitante socialista, presentó un recurso ante el juez a finales de enero de 2026 pidiendo levantar el secreto sobre la causa por la que se encuentra investigada, destacando que colaboró con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al entregar inmediatamente sus documentos, correos electrónicos, dispositivos y contraseñas. Esta acción se enmarca en una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y organismos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según avanzó eldiario.es y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, solicitó a la UCO todo el material incautado durante los registros efectuados en diciembre en la vivienda de Díez para depurar la información, con el fin de separar aquellos datos que no estén relacionados con el caso.

Tal como publicó eldiario.es, el juez Pedraz ha requerido a la UCO la entrega de los objetos y documentos recogidos en diciembre de 2025 en la casa de Leire Díez, con la intención de realizar un expurgo del material. La medida pretende filtrar y preservar únicamente aquella información que resulte relevante para la causa, evitando afectar datos personales o ajenos a la investigación. Fuentes jurídicas, citadas por Europa Press, confirmaron que este paso es parte del procedimiento habitual en investigaciones complejas donde se intervienen volúmenes significativos de documentación y dispositivos electrónicos.

El operativo de diciembre de 2025 incluyó la detención no solo de Díez, sino también del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y próximo al exdirigente socialista Santos Cerdán. Durante esa jornada, agentes realizaron registros en varios inmuebles, algunos de ellos vinculados directamente a Díez. Tras comparecer ante la justicia, tanto ella como Fernández y Alonso recuperaron su libertad, aunque sujetos a medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el país y la obligación de acudir quincenalmente al juzgado.

Según consignó eldiario.es, la Audiencia Nacional inició la investigación a raíz de sospechas sobre la apropiación de más de 700.000 euros en comisiones obtenidas a través de cinco operaciones. Los investigadores consideran que estos fondos ilícitos se habrían canalizado utilizando su influencia y relaciones dentro de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. La hipótesis de la UCO, de acuerdo con el mismo medio, sostiene que Díez, Fernández y Alonso conformaban un grupo que actuaba bajo el nombre de “Hirurok”. El informe de la Guardia Civil detalla que este grupo habría dirigido expedientes administrativos con el propósito de obtener beneficios personales o para terceros, aprovechando posiciones y contactos en la función pública.

El avance de la investigación llevó a la incautación de numeroso material informático y documental, cuyo análisis ahora resulta central para determinar el alcance de las supuestas irregularidades. La decisión del magistrado Pedraz de solicitar el expurgo busca garantizar que la instrucción del sumario se base únicamente en información pertinente, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas cuyos datos no guarden relación con los hechos investigados.

La denuncia de la posible existencia de una trama que favorecía adjudicaciones y cobros irregulares en contratos públicos involucra a diferentes operadores vinculados a empresas estatales. Las actuaciones judiciales posteriores a los registros incluyeron, además, la imposición de controles regulares sobre los tres investigados, quienes deben presentarse quincenalmente en sede judicial. Según reportó eldiario.es, estas medidas buscan asegurar su disponibilidad ante la justicia y prevenir el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.

El caso sigue bajo secreto de sumario, a pesar de la solicitud de la defensa de Díez para que se levante esta medida. El recurso alega que la exmilitante socialista cooperó plenamente con la investigación al facilitar sin dilaciones el acceso a toda su correspondencia, dispositivos y claves requeridos por la Guardia Civil. Eldiario.es señala que la defensa plantea que parte del material intervenido no tiene relevancia para los hechos que se están investigando, argumento que impulsa también la petición de expurgo.

En este contexto, la Audiencia Nacional, de acuerdo con Europa Press, busca establecer si los investigados se sirvieron de su posición en la función pública y de su red de contactos para manipular procedimientos administrativos orientándolos en beneficio propio o de terceros. La SEPI y sus entidades dependientes aparecen en el centro del caso, dado que habrían servido como plataforma para la operativa presuntamente fraudulenta.

La reiteración de los controles judiciales y la retención de pasaportes marca la gravedad con la que el tribunal aborda la posibilidad de delitos asociados a corrupción en la gestión de fondos y contratos públicos. El contenido del material requisado, una vez concluya el expurgo, será clave para definir el rumbo que tomará el sumario y el futuro procesal de los implicados. A la espera de nuevas decisiones judiciales, los detalles de la investigación permanecen reservados a la instrucción, con el procesamiento del material pendiente de los filtros ordenados por el magistrado Pedraz, según confirman los medios citados.