La Audiencia de Sevilla absuelve a Daniel Rivera por las ayudas a Moderna de Electricidad, pieza del caso ERE

La ausencia de beneficiarios ajenos a la plantilla y el destino exclusivo de los fondos a trabajadores y extrabajadores de la empresa figuran entre los motivos por los que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla optó por absolver tanto a Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, como a José Manuel P.S., representante legal de Instaladora Moderna de Electricidad S.L., en una de las piezas separadas del denominado caso ERE. Según publicó la Audiencia en su fallo, notificado este jueves a las partes y facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el tribunal sostuvo que no existía constancia suficiente de que ambos acusados tuvieran conocimiento de las irregularidades detectadas en la tramitación de las ayudas valoradas.

De acuerdo con el medio que reportó la sentencia, la resolución desestima las acusaciones de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial sobre ambos encausados, delitos por los que fueron juzgados. El tribunal argumentó que las irregularidades encontradas durante el proceso administrativo no pueden atribuírseles, ya que Rivera no intervino en la fase de concesión sino únicamente en el acto de dictar la orden de pago, relacionada con una ayuda sociolaboral excepcional aprobada previamente por su antecesor. La Audiencia indicó que las actuaciones de Rivera se enmarcaron en el cumplimiento de un compromiso institucional y estuvieron dirigidas a solventar la situación de los trabajadores afectados y a saldar un adelanto de 50.000 euros hecho por la empresa para pagar primas de indemnización por despido.

La Fiscalía Anticorrupción, tal como informó la Audiencia de Sevilla, había solicitado para Rivera la imposición de tres años y tres meses de prisión por la presunta autoría de prevaricación, falsedad en documento oficial e incluso malversación en concurso medial. Además, propuso dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 1.800 euros. Para el empresario, reclamó cuatro años y seis meses de inhabilitación especial, tres años y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta, junto con la restitución a la Junta de 984.486,88 euros, sumando en responsabilidad solidaria 140.714,21 euros a Rivera. La acusación particular, ejercida por el Partido Popular andaluz, exigió para Rivera cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial y una multa de 2.700 euros; mientras que para el representante legal de la empresa solicitó tres años y medio de prisión y dieciséis años de inhabilitación.

Según detalló la sentencia, pese a que el procedimiento administrativo presentaba graves irregularidades en la concesión y tramitación tanto del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como de la ayuda sociolaboral excepcional otorgada, no se acreditó que los acusados hubieran participado en esos aspectos. El tribunal valoró que Rivera procedió a la concesión del pago “en cumplimiento de un mandato previo” y que, lejos de beneficiarse o participar en disposición indebida de fondos públicos, puso en marcha a partir de noviembre de 2010 una investigación interna y un proceso de revisión de oficio para restaurar la regularidad administrativa.

En el caso del representante legal de Instaladora Moderna, la Audiencia recogió que su papel se limitó a la solicitud de ayudas y la entrega de la documentación requerida para obtenerlas, aunque de modo parcial o incompleto. El órgano judicial subrayó que no quedó demostrado que conociera las anomalías en la concesión y tramitación de las ayudas ni que hubiera efectuado acciones para propiciar resoluciones irregulares en su beneficio o el de la empresa.

La Sección Tercera insistió en que, aunque el procedimiento vulneró principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad y careció de bases normativas reguladoras exigidas para la concesión de este tipo de ayudas, el destino de los fondos públicos cumplía un fin de interés social recogido en la legislación presupuestaria de la Junta de Andalucía y el programa 31L dirigido a la salvaguarda del empleo y el tejido productivo. El medio consignó que el tribunal centró este razonamiento en la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 95/2024 y en el criterio del Tribunal Supremo en la resolución 1.103/2024, que establecen que no se deriva de manera automática la existencia de delitos de malversación o prevaricación ante irregularidades si el objetivo de la ayuda es satisfacer fines públicos y no concurren excepciones recogidas por el Supremo.

Los magistrados destacaron, según reportó la Audiencia, que los fondos recibidos por Instaladora Moderna de Electricidad a través de las dos ayudas analizadas —una para el coste de la suscripción de la póliza de rentas para prejubilación y otra, de carácter excepcional, para paliar problemas económicos— solo beneficiaron a la plantilla de trabajadores, sin detectar desvío alguno hacia personas externas ni ocultación de honorarios profesionales ni emisión de facturas ficticias. De acuerdo con la resolución, la legalidad penal impide atribuir responsabilidad delictiva a conductas que consistan en ejecutar resoluciones emanadas de leyes presupuestarias, salvo que estas sean declaradas inconstitucionales, de modo que nadie puede prever que recibirá condena por materializar determinaciones legalmente establecidas y vigentes.

La sentencia también hace hincapié en que tras conocerse la existencia de anomalías, Rivera inició procedimientos de revisión internos y administrativos con el fin de restablecer el orden jurídico vulnerado. El fallo remarca que la ausencia de dolo o conocimiento de los hechos irregulares resulta clave en la exoneración de responsabilidad penal. Tal como consignó la Audiencia de Sevilla, la decisión judicial puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Hasta la fecha de notificación de este pronunciamiento, la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido veintiocho sentencias dentro de la macrocausa derivada de los ERE en Andalucía, una de las mayores investigaciones de gestión de ayudas públicas en la historia reciente del país, atribuyó el medio.