La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

El aumento de la inmigración en España ha tenido un efecto positivo sobre el saldo fiscal del sistema público de pensiones, pero ni los flujos migratorios más altos pueden compensar completamente el impacto del envejecimiento de la población. Según el informe EsadeEcPol Insight de junio de 2026, incluso bajo el escenario migratorio más optimista, el déficit fiscal asociado al envejecimiento persistirá en niveles elevados en las próximas décadas.

La inmigración ha rejuvenecido parcialmente la pirámide poblacional española. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a comienzos de 2025 residían en el país 9,5 millones de personas nacidas en el extranjero, lo que representa el 19,3% de la población total. En el tramo de 25 a 54 años, los migrantes llegan a suponer el 28,3%. Esta presencia se traduce en más cotizantes, más recaudación y un alivio para el sistema de pensiones, especialmente en el corto plazo.

El informe de EsadeEcPol detalla que, al comparar un saldo migratorio nulo con las 330.000 personas que han llegado a España de media anualmente entre 2000 y 2024, el déficit fiscal por el envejecimiento se reduce en 1,7 puntos del PIB. Sin embargo, si el flujo migratorio se incrementa hasta 550.000 personas por año, como ocurrió en el periodo 2021-2024, la mejora adicional es de solo siete décimas. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirman que, incluso con los máximos flujos históricos, el saldo fiscal asociado al envejecimiento se mantiene negativo: entre el 6,1% y el 8,5% del PIB en 2050, según el escenario.

Trabajadores menos formados que también necesitan pensiones

Las limitaciones del efecto migratorio se explican por varios factores. El primero es el nivel educativo de la población extranjera residente, que en promedio es menor que el de la población nativa. Esto implica aportaciones fiscales per cápita más bajas, al resultar en empleo pero remunerados y por lo tanto cotizaciones sociales inferiores, y menos capacidad para cerrar la brecha estructural del sistema. El segundo factor es el carácter transitorio de la ventaja demográfica: los inmigrantes que hoy refuerzan la base de cotizantes pasarán a ser beneficiarios del sistema de pensiones en el futuro, reproduciendo el mismo ciclo vital de la población local.

El informe de EsadeEcPol Insight recalca que el impacto positivo de la inmigración tiende a ser más fuerte en el corto plazo, pero se reduce cuando los flujos migratorios crecen. El efecto marginal de añadir nuevos migrantes se va amortiguando, ya que el sistema asume tanto trabajadores jóvenes como dependientes y futuros jubilados. En el escenario más optimista, con una población total de 59,4 millones de personas en 2050, el saldo fiscal negativo asignable por edad apenas mejora respecto a escenarios con menos inmigración.

Reformas al sistema para garantizar la sostenibilidad

La regularización extraordinaria ha elevado el número de residentes extranjeros y su peso en la fuerza laboral, aumentando también su aportación en cotizaciones a la Seguridad Social. Desde abril hasta el 30 de junio de 2026, el Gobierno español ha recibido alrededor de 900.000 solicitudes de regularización de inmigrantes, cifra que podría superar el millón tras el recuento final, según estimaciones oficiales y de expertos. A mediados de junio, unas 360.000 solicitudes ya habían sido aprobadas, permitiendo a sus titulares acceder a permisos temporales de residencia y trabajo por un año.

El Gobierno estima que, si se mantienen los flujos altos y las regularizaciones en marcha, la población nacida en el extranjero podría superar el 40% del grupo de 25 a 54 años a mitad de siglo. Sin embargo, el informe advierte que este aumento demográfico no resuelve el desequilibrio estructural del sistema de protección social.

La integración educativa y laboral de los migrantes puede aumentar su aportación fiscal, pero no basta para cerrar la brecha. Un eventual repunte de la natalidad, en cambio, tendría efectos positivos solo en el largo plazo, ya que en las próximas décadas implicaría un mayor gasto en infancia y un deterioro fiscal adicional.

El informe concluye que la inmigración es una herramienta valiosa para suavizar la transición demográfica, pero no puede sustituir reformas estructurales en el mercado laboral y en la arquitectura del sistema de pensiones. Entre las recomendaciones figuran elevar la participación laboral de las personas mayores de 55 años, introducir mecanismos automáticos para vincular la edad de jubilación a la longevidad y avanzar hacia un modelo público de cuentas nocionales de contribución definida.