La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

La orden de detención dictada contra Vito Quiles se debe a una querella por la publicación de un “bulo” que involucraba a un supuesto asesor de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, según ha confirmado Efe. Un juzgado madrileño decretó la orden este miércoles después de que el comunicador no acudiese a comparecer en esta causa, según han señalado fuentes judiciales a la agencia de noticias.

Agentes de la Policía Nacional acudieron el 1 de julio a las oficinas del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja Quiles, para ejecutar la orden de detención dictada por un juzgado de instrucción de Madrid, sin embargo, este no se encontraba en el edificio. En sus redes sociales, el afectado afirmó que la medida cautelar se debía a “una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez” tras su encuentro con la mujer del presidente, Begoña Gómez, y aseguró que no se entregaría “al gobierno de Sánchez”.

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Este jueves, sin embargo, se ha revelado que el motivo de la orden es que Vito Quiles ha desatendido dos citaciones ante la jueza que investiga la presunta difusión de un bulo por parte del comunicador. El caso parte de la denuncia de un funcionario del Ministerio de Hacienda, que Vito Quiles presentó en redes sociales como un asesor de la exministra María Jesús Montero. Según la información difundida en su canal, este hombre habría salido de la cárcel gracias a la intervención de la entonces titular de la cartera de Hacienda.

Vito Quiles difundió información “absolutamente falsa” de un funcionario de Hacienda

El querellante, en realidad, trabaja en Hacienda desde hace 41 años, tiempo que ha pasado tanto bajo gobiernos del Partido Popular como del PSOE. El hombre asegura en su demanda que Quiles difundió información “absolutamente falsa”, en la que le señalaba como culpable de una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y, posteriormente, habría sido puesto en libertad por Montero, que “lo encubrió y contrató” en el ministerio.

Quiles difundió el nombre completo y una fotografía del demandante, lo que “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” con cientos de reacciones y comentarios de usuarios de estas redes profiriendo “insultos, vejaciones y amenazas”, según consta en la demanda. El querellante afirma que el daño ocasionado es “constante y continuado en el tiempo”, pues las publicaciones siguen disponibles en internet.

Varias investigaciones abiertas

Este proceso judicial no es el único que involucra a Vito Quiles. Al comunicador vinculado al partido político Se Acabó la Fiesta también se le acusa de un presunto delito de odio por unos hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante la manifestación, se encaró con una persona con discapacidad, por lo que la Fiscalía solicita dos años de prisión y su inhabilitación para el ejercicio del periodismo.

Quiles también está procesado por un presunto delito de revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. El acusado difundió en redes sociales la dirección de su vivienda y fotografías del domicilio poco después del apagón del 28 de abril de 2025. El pasado 7 de abril, Quiles acudió a declarar ante el Tribunal de Instancia de Madrid por este asunto.

Un tercer tribunal de Sevilla le investiga por un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. El demandante sostiene que Quiles difundió mensajes constitutivos de tres delitos continuados de calumnias, con el agravante de odio ideológico, en concurso con dos delitos de injurias con publicidad. En este caso, piden nueve años de prisión, una indemnización de 60.000 euros y la inhabilitación durante otros nueve años.

En paralelo a estos casos, los juzgados también han archivado dos procesos contra Quiles: uno relacionado con un presunto episodio de acoso contra Begoña Gómez, donde no quedó acreditado que el acusado hubiera zarandeado a la denunciante ni que la hubiera rodeado con el brazo; y otro relativo a la querella de la analista política Sara Santaolalla, que le imputaba presuntos delitos de acoso y lesiones. La magistrada no apreció ninguna agresión en las imágenes facilitadas.