El PP dice que el Gobierno daña a ganaderos al derivar al coche eléctrico ayudas del lobo

Madrid, 12 mar (EFE).- El Grupo Parlamentario Popular (GPP) considera que el Gobierno "se está quedando con el dinero de los ganaderos" al restar 20 millones previstos para transferir a las comunidades autónomas en 2025 y que estas pagasen las indemnizaciones por daños del lobo, y destinar esa cantidad a incrementar el programa del coche eléctrico.

El GPP ha indicado que un documento oficial enviado por el Gobierno a la oficina presupuestaria del Congreso recoge este movimiento de dinero.

El Gobierno, han señalado los populares en una nota, "no solo incumple la normativa nacional y europea para permitir a las comunidades autónomas controlar los lobos, sino que además se queda con el dinero de los ganaderos que han perdido sus rebaños por ataques del lobo".

El informe al que alude el GPP habla de una transferencia de crédito de 236,27 millones "con el objeto de incrementar la aportación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a fin de aumentar la dotación económica del Programa MOVES III", programa destinado a incentivar la movilidad eléctrica, en particular la compra de vehículos de este tipo.

El desglose de la procedencia de esos 236,27 millones incluye 9,5 millones que estaban destinados a las comunidades autónomas "para paliar daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva" y otros 10,5 que iban igualmente a las comunidades "para realizar medidas preventivas en la gestión del lobo ibérico".

El GPP ha recordado que "la Comisión Europea ya ha abierto expediente a España por no cumplir la normativa europea" y ha lamentado que los ganaderos vayan a "pagar doblemente".

"Primero con sus rebaños, sin ayudas, y después, como todos, pagarán la sanción europea por el trilerismo ideológico del Gobierno", ha dicho.

Bruselas ha abierto un expediente a España por no enviar el informe sexenal (2019-2024) sobre el estado de conservación del lobo. El Ministerio de Transición Ecológica ha indicado que no puede hacerlo mientras las comunidades autónomas no aporten datos rigurosos.

Las comunidades loberas y el Gobierno mantienen diferencias sobre la caza del lobo desde que en marzo de 2025 esta especie salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El Tribunal Supremo (TS) autorizó el mes pasado la caza del lobo "sólo cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado", por lo que considera que debe ir precedida de un examen de "medidas alternativas" que "razonablemente" puedan adoptar las explotaciones ganaderas para impedir sus ataques. EFE