Madrid, 11 mar (EFE).- Los dos principales sindicatos policiales, SUP y JUPOL, han cuestionado que el Ministerio del Interior haya puesto protección policial a la analista política Sarah Santaolalla, que ha denunciado a Vito Quiles por lesiones tras un incidente el 2 de marzo a la salida del Senado que le ha supuesto llevar cabestrillo.
El Sindicato Unificado de Policías (SUP) reclama al Ministerio "conocer los informes técnicos que justifican el despliegue de medios policiales a este servicio y si se han detraído efectivos de otras unidades operativas", según un comunicado remitido a EFE.
SUP recuerda que la concesión de protección policial está regulada ppara cuando "exista constancia de un riesgo grave e inminente contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la persona" o tras una valoración técnica de riesgo elevada a la Secretaría de Estado de Seguridad. Por eso reclama que Interior explique "qué circunstancias concretas" han llevado a autorizar esta protección.
Por su parte, Jupol considera un "absoluto escándalo" la dotación de esa protección policial y ha pedido a Interior "responsabilidad, transparencia y una priorización real de los recursos policiales".
Para este sindicato hay "una anomalía estructural" por el "abuso de escoltas policiales destinadas a la élite política y a determinados perfiles públicos" en detrimento de la protección de víctimas de violencia machista, que cuentan con protección insuficiente.
La sección de instrucción 23 del Tribunal de Instancia de Madrid investiga la denuncia que interpuso Santaolalla contra Quiles por un delito de lesiones, en la que según la comunicadora él la empujó a la salida del Senado y las personas que la acompañaron crearon "un cinturón de seguridad para protegerla".
Santaolalla ratificó en el juzgado que la actuación de Quiles fue "abalanzarse sobre ella, golpearla y luego una avalancha llega a ella", según un auto que obra en la causa al que ha tenido acceso EFE.
La analista subrayó el "miedo" a encontrarse en una situación similar con él, y señaló que está recibiendo terapia y medicación a raíz de este tipo de acontecimientos.
El denunciado, por su parte, negó los hechos, indicó que fue él quien "recibió un puñetazo en el estómago" y que no se acercó a ella, y señaló que la había demandado por injurias y calumnias.
El 5 de marzo, la magistrada rechazó imponer una orden de alejamiento a Quiles al considerar que "no resulta acreditada una situación de riesgo objetivo" que lo justifique, pues "la levedad de las lesiones, que ni siquiera pueden ser objetivadas, no permiten determinar su relación causal con la situación de estrés y miedo alegada por la denunciante".
En su auto, sí vio "acreditado que se produjo un altercado" entre ambos, pero indicó que en este momento de la instrucción "no puede afirmarse" que "hubiera existido un acometimiento directo del investigado a la denunciante".
"Atendiendo a los informes médicos, tanto de primera asistencia como médico Forense, puede afirmarse que en todo caso los hechos pudieran ser constitutivos de un delito leve de maltrato o delito leve de lesiones", indicó la jueza, que no vio "en principio, indicio alguno de la existencia de una situación de acoso u hostigamiento". EFE
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