Montero reitera rechazo a la guerra de Irán y lo contrapone con la postura de Aznar en Irak, que acabó en el 11-M

En su intervención en la comisión de Hacienda del Senado, María Jesús Montero recordó el aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid, estableciendo una conexión directa entre aquel suceso y las decisiones de política exterior adoptadas por el Gobierno español en 2003, cuando España apoyó la invasión de Irak. Según informó Europa Press, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda abordó de este modo el actual conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, mostrando la posición oficial del Ejecutivo español y advirtiendo sobre el riesgo de repetir errores históricos en materia internacional.

El medio Europa Press detalló que Montero reiteró el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a la guerra en Irán y criticó la falta de justificación legal de la intervención militar liderada por Estados Unidos e Israel, equiparándola a la invasión de Irak en 2003 en la que participó España bajo el gobierno de José María Aznar. La ministra recordó que aquel conflicto se justificó con la teoría de las armas de destrucción masiva y se llevó a cabo sin el respaldo de organismos multilaterales, afirmando: “España tiene experiencia de lo que significa participar en una guerra sin amparo legal internacional porque eso ya lo vivimos hace 23 años”.

La sesión parlamentaria transcurrió el día en que se cumplían 22 años del atentado yihadista de Atocha, el más grave hasta ese momento en Europa, que según Montero resultó en 193 víctimas mortales y más de 2.000 personas heridas. Durante su intervención, remarcó los costes sociales y económicos derivados de la guerra de Irak, como el incremento de los precios de la energía y una oleada de inseguridad global, y subrayó que la historia reciente muestra las consecuencias de participar en conflictos internacionales sin la cobertura legal de organismos multilaterales.

Montero destacó que el Gobierno de Sánchez mantiene una postura de “no a la guerra”, recordando el lema impulsado por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero durante la crisis de Irak. Centró su mensaje en la importancia de evitar respuestas unilaterales y en garantizar la defensa del derecho internacional y la paz, señalando que la posición de España es favorecer la desescalada y la coordinación con sus aliados europeos y la OTAN para restablecer la seguridad tanto en Oriente Próximo como en Ucrania y Palestina.

La vicepresidenta también abordó las críticas del Partido Popular en relación a la supuesta contradicción entre el discurso de rechazo a la guerra y el envío de una fragata española a una zona de conflicto, después de ataques registrados en Chipre. Europa Press consignó que Montero defendió que España colabora con sus socios en la OTAN, la Unión Europea y la ONU, tanto en la protección de la población como en el mantenimiento de la paz, subrayando que el apoyo a la frontera oriental europea y la participación en tareas de evacuación son medidas compatibles con la condena rotunda a la violencia y el compromiso con el derecho internacional.

Respecto a la política exterior del Partido Popular, Montero acusó al principal grupo de la oposición de promover una postura de seguimiento a los intereses de Estados Unidos, especialmente bajo el mandato de Donald Trump, mencionando que el PP facilita el uso de las bases militares conjuntas españolas para operaciones sin el respaldo de organismos multilaterales, mientras mantiene una posición "despistada" y "confusa" sobre el papel que debería asumir España en los conflictos internacionales.

El portavoz del PP en la comisión de Hacienda, Gerardo Camps, cuestionó lo que considera una incoherencia entre el discurso gubernamental y sus acciones, aludiendo al rechazo al uso de las bases militares por parte de Estados Unidos mientras, según él, se permite la salida de aviones hacia Oriente Próximo y el envío de una fragata armada a la región. “Explíquelo”, reclamó Camps. Según reportó Europa Press, el PP defendió que su posición consiste en solicitar contención y diálogo entre las partes enfrentadas, y reafirmó su rechazo al régimen iraní, así como su apoyo a las democracias liberales y la protección de los derechos de mujeres y colectivos LGTBI en zonas de conflicto.

Durante el debate, la ministra advirtió que “nadie puede arrogarse el papel de supuesto protector de los derechos humanos vulnerándolo”, rechazando la violencia ejercida fuera del marco de Naciones Unidas. Hizo referencia a incidentes como el ataque contra una escuela de niñas atribuido a potencias occidentales, que se saldó con un número elevado de muertes, y señaló que “no se puede defender a las mujeres iraníes de la opresión lanzando bombas contra las escuelas de niñas”.

El senador socialista Mario Soler intervino en el debate subrayando que el gobierno de Aznar subordinó los intereses nacionales a los de un país extranjero, con un alto coste para España. Según Europa Press, Soler planteó que el Ejecutivo de Sánchez se ha posicionado en defensa del derecho internacional, en contraste con lo que a su juicio representan los posicionamientos del PP y Vox, partidos a los que acusa de anteponer intereses ajenos y de asumir el discurso de la administración Trump.

La intervención parlamentaria puso de relieve la persistente división respecto al papel de España en los conflictos internacionales, el uso de las bases militares y la coherencia entre el discurso público y la acción exterior del gobierno. Tanto desde el Ejecutivo como desde la oposición se cruzaron reproches sobre el compromiso con la seguridad europea, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional, mientras la referencia a los atentados del 11M sirvió para reforzar los argumentos contra la participación en acciones militares carentes de amparo legal.