Una exrecepcionista de la funeraria confirma el 'cambiazo': "Le llamaban reciclaje, tanto de ataúdes como de flores

La exrecepcionista de Funeraria Castellana, Sara Martínez Peña, aseguró que en las conversaciones internas del personal se empleaba el término “reciclaje” para referirse al cambio de ataúdes y de flores, y que con el tiempo descubrió que esto implicaba sustituir los féretros de mayor valor por otros mucho más baratos antes de las cremaciones. Según informó Europa Press, esta práctica era reconocida entre los empleados, lo que se evidenciaba por risas y comentarios cómplices cuando se mencionaba el concepto dentro del grupo.

Durante la segunda jornada del juicio por el denominado ‘caso ataúdes’ en la Audiencia de Valladolid, Martínez Peña relató cómo, tras escuchar reiteradamente el término “reciclaje", supo que las familias contrataban ataúdes de calidad para los difuntos, pero que, poco antes de la incineración —siempre sin la presencia de los familiares—, se realizaba la sustitución por féretros notoriamente más económicos. Estos materiales sustraídos no eran destruidos, sino apartados a un garaje, según publicó Europa Press, y después trasladados nuevamente al tanatorio, donde se ponían a la venta, junto con flores que también se reutilizaban tras modificar algunos elementos para aparentar frescura. En palabras de la propia testigo: "Me dijeron que antes de la incineración, que no dejaban presenciar a los familiares, se daba el cambiazo al ataúd por otro más barato. El de más calidad se llevaba a un garaje y luego era de nuevo trasladado al tanatorio para su reventa, al igual de lo que se hacía con las flores, previa modificación de algunos de los elementos de estas últimas".

Martínez Peña también recordó un caso concreto en el que se trató con un “arcón enorme” por lo llamativo de su diseño, lo que refuerza la argumentación sobre la magnitud y variedad de los objetos que entraban en la dinámica del ‘reciclaje’ al interior de la funeraria. El medio Europa Press detalló que la extrabajadora se comunicó con los investigadores de la Policía Nacional tras la detección de la ‘Operación Ignis’ en 2019, cuando se intervinieron cerca de un millón de euros en el domicilio del dueño de la empresa y se produjeron varias detenciones. Según explicó durante la vista oral, fue un amigo policía quien le recomendó revelar los hechos, una vez que el caso trascendió públicamente por la presión mediática.

La exrecepcionista puntualizó al fiscal que su testimonio no obedecía a resentimientos personales hacia la familia Morchón, propietaria del grupo funerario, a pesar de haber sido despedida en 2006 junto a su pareja, otro trabajador. Detalló que su despido tuvo como origen haber consumido bebidas alcohólicas en la cafetería del tanatorio fuera del horario laboral y producir molestias sonoras. Ante las preguntas en la sala, Martínez Peña afirmó que, en su momento, no denunció previamente los hechos por recomendación de un policía municipal y un periodista a los que consultó, quienes le advirtieron sobre la imposibilidad de proceder sin pruebas tangibles.

Europa Press reportó también que el propio jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid e instructor de la investigación policial, en su testimonio el día anterior, corroboró que este tipo de operativas requería la intervención de varias personas por la dificultad que conllevaba el manejo de los ataúdes y los cuerpos, y también por la necesidad de un sistema logístico apropiado.

En la misma jornada, declaró otra recepcionista de la funeraria —con más de veinte años en el puesto— quien, a diferencia de Martínez Peña, negó estar al tanto de la sustitución de féretros. Sostuvo desconocer si, tras la puesta en funcionamiento del nuevo tanatorio con horno propio en 2013, las incineraciones se realizaban fuera de la vista de los familiares en el cementerio de Santovenia, donde se facilitaba el ‘cambiazo’. A las preguntas del fiscal sobre los procedimientos y el listado de medio centenar de casos documentados a lo largo de dos décadas —documentación reunida por el fallecido empleado Justo Martín Garrido—, la testigo respondió que no tenía información sobre la derivación de cremaciones, aunque sí tenía conocimiento de fallos en el horno del tanatorio, lo que podría haber motivado algunos traslados para incineraciones a Santovenia.

El medio Europa Press consignó que tampoco recordaba un escrito, presentado en sala, donde supuestamente los empleados habrían amenazado a la familia Morchón con revelar la operativa si no se resolvían atrasos salariales acumulados durante tres años, atraso que la empresa justificaba apelando a pérdidas económicas. Además, la trabajadora señaló desconocer la supuesta extorsión atribuida a Justo Martín, quien habría intentado presionar para mejorar su jubilación utilizando como arma los documentos recopilados sobre los intercambios de ataúdes y la reutilización de flores. Añadió que solo se enteró de las investigaciones y denuncias al ingresar la policía en la funeraria en enero de 2019.

Otras personas empleadas, como Gemma Parra Sanz y la responsable de contabilidad, María Ángeles García-Porrero, también desmintieron cualquier conocimiento o participación en hechos delictivos dentro de la organización, informó Europa Press. Además, Fe Antonia Morchón, hermana del dueño fallecido, se acogió a su derecho a no declarar, por lo que no compareció ante el tribunal.

El proceso judicial continuará en la Audiencia de Valladolid y está previsto que las testificales se extiendan hasta el mes de junio. Europa Press informó que el Ministerio Público dirige la acusación contra veintitrés personas físicas, incluyendo a la viuda y los tres hijos del fundador del grupo, a quienes atribuye delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, atentado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Figuran como responsables civiles subsidiarios las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.