Deniegan a una magistrada la posibilidad de renunciar a una plaza por conciliación y protección de la infancia

La negativa del exmarido de una magistrada a autorizar el cambio de residencia de sus hijos se produjo después de que la plaza le fuera adjudicada y solo un día antes de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ante esta situación, la jueza decidió renunciar a la plaza adjudicada, aunque aún no había tomado posesión de ella. Sin embargo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no admitió esta renuncia apoyada en razones de conciliación y protección de la infancia. Según publicó Europa Press utilizando fuentes próximas a la magistrada, la jueza ha optado por impugnar la resolución de la Comisión Permanente y ha solicitado que se consideren los criterios de género y la protección de la infancia en la revisión de su caso.

De acuerdo con la información de Europa Press, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha vuelto a poner el foco sobre el problema con ocasión del Día Internacional de las Mujeres Juezas. El colectivo denuncia que la resolución de la Comisión Permanente del CGPJ se basa en una interpretación estricta de los artículos 319 a 322 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos artículos, según señalan tanto las fuentes citadas como la AMJE, no prohíben la renuncia a una plaza en los casos de circunstancias excepcionales y sobrevenidas antes de que la toma de posesión tenga lugar.

La AMJE advirtió, en declaraciones comunicadas por Europa Press, que la decisión impone a la magistrada una disyuntiva entre la continuidad en su carrera judicial y el bienestar de sus hijos, bajo su guarda y custodia. El comunicado del colectivo subraya que la negativa a aceptar la renuncia representa un proceso que conduce a la “revictimización” de una persona que considera debe ser protegida ante situaciones de conflicto familiar que afectan directamente a menores.

De acuerdo con Europa Press, la crítica de la AMJE remarca que la Comisión Permanente tomó la decisión “en contra de un claro informe” emitido por la propia Comisión de Igualdad del CGPJ, que apoyaba la petición de la jueza. La solicitud de renuncia se fundamenta en lo que el colectivo considera “poderosas y sobrevenidas razones” relacionadas con la conciliación familiar y la protección de la infancia. Europa Press consigna que la AMJE considera que la situación planteada constituye una causa extraordinaria y ajena a la voluntad de la magistrada, y que la renuncia solicitada antes de la toma de posesión y sin que la plaza de origen estuviera aún ofertada en concurso no genera “perjuicio” al sistema ni a otros miembros de la carrera judicial.

La asociación resaltó la necesidad de una interpretación normativa basada en los principios de interés superior del menor y de equiparación efectiva entre mujeres y hombres en el acceso y ejercicio de cargos públicos, haciendo referencia a los artículos 15 de la Ley Orgánica 3/2007 y 2.1 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de aplicación obligatoria por parte de todos los poderes públicos. A juicio de la AMJE, corresponde al CGPJ aplicar estos principios “transversalmente”, de modo que cuestiones como la igualdad de género y la protección de menores adquieran carácter prioritario en situaciones de conflicto como la presentada en este caso.

La Comisión Permanente del CGPJ, por su parte, fundamentó la denegación en lo que la AMJE describe como una interpretación “rigorista” de la normativa vigente, admitiendo, no obstante, y según comunicó Europa Press, que podría ser necesario modificar la regulación actual para contemplar situaciones como las planteadas. La resolución pone de relieve el debate sobre los mecanismos legales disponibles para garantizar la compatibilidad de la carrera judicial con la vida familiar, y abre la discusión sobre la conveniencia de adaptar la normativa a los principios de protección de la infancia y al avance de la igualdad de género.

La AMJE hizo hincapié, de acuerdo con Europa Press, en que este tipo de medidas y su aplicación no solo afecta a las mujeres juezas sino que también tiene repercusiones directas para colectivos vulnerables, contexto en el que menciona específicamente a la infancia y a personas dependientes. La organización subraya que cualquier resolución de los órganos de gobierno del Poder Judicial debe atender a dichos principios tanto de igualdad de trato como del interés superior del menor, siendo ambos elementos indisociables de la función pública y judicial.

Según las fuentes utilizadas por Europa Press, el recurso de la magistrada ante la Comisión Permanente todavía está pendiente de resolución, mientras el organismo y los colectivos profesionales continúan debatiendo los marcos legales adecuados para responder a esta clase de conflictos. La situación evidencia las tensiones entre la normativa actual, la realidad sociolaboral y los principios constitucionales de igualdad y derechos de la infancia.