Piden más de 30 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a su mujer y amenazas en la familia

El juicio que iba a continuar este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña contra el presunto responsable de años de agresiones sexuales, violencia habitual y amenazas contra su familia no llegó a celebrarse debido a modificaciones en el calendario judicial. Según informó el Ministerio Público, la Fiscalía solicita para el acusado una suma total superior a treinta años de prisión, junto con otras penas restrictivas, indemnizaciones económicas y medidas de protección a favor de las víctimas.

De acuerdo con el reporte del medio, el proceso judicial abarca hechos ocurridos desde 1997 hasta 2019 tanto en el domicilio familiar como en lugares públicos. El escrito de acusación recoge que el acusado habría ejercido violencia habitual, cometido tres delitos de agresión sexual y emitido amenazas de manera continuada contra su pareja y los cuatro hijos que tenían en común, amplió la Fiscalía en su petición.

El Ministerio Público reclama tres años de prisión por el delito de violencia habitual. Además, solicita que se le retire durante cinco años el derecho a la tenencia y porte de armas, lo que implicaría la pérdida de vigencia de la licencia correspondiente. Dentro del mismo apartado, la acusación solicita la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y con los cuatro hijos del acusado, estableciendo una distancia mínima de trescientos metros y por un periodo de cinco años. Para los dos hijos menores, se ha solicitado también la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante ese plazo.

Respecto a los cargos de agresión sexual, el Ministerio Público ha pedido para el acusado un total de treinta años de cárcel, sumando asimismo medidas adicionales de protección y vigilancia. Destacan, entre ellas, la prohibición de todo contacto con la víctima a menos de trescientos metros de distancia y la prohibición de comunicación durante veinte años, contados desde el cumplimiento de la pena. Además, para el periodo posterior a la privación de libertad, la Fiscalía reclama diez años de libertad vigilada.

Por las presuntas amenazas continuadas, la solicitud se incrementa en dos años de prisión más y se suman otras restricciones similares sobre el contacto y la distancia respecto a las víctimas.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la acusación pide que el acusado indemnice a la víctima principal con una suma de cien mil euros. Para cada uno de los cuatro hijos, el Ministerio Público reclama veinte mil euros, al entenderlos también como víctimas directas dentro de los hechos investigados.

El proceso judicial ya había dado lugar a una sesión previa que se llevó a cabo a puerta cerrada, según consignó el medio. Esta nueva vista suspendida debía ser la continuación del juicio, por lo que la resolución definitiva sobre las acusaciones queda pendiente de reprogramación en la agenda de la Audiencia Provincial.

La extensión de las medidas solicitadas por la Fiscalía, destacó el medio, pretende asegurar la protección futura de la víctima y de los menores, así como evitar situaciones de riesgo una vez que el acusado recupere la libertad. Estas medidas tienen alcance tanto penal como civil, e incluyen inhabilitaciones, restricciones de comunicación y aproximación, y vigilancia durante una década tras la salida de la cárcel, de concretarse la condena solicitada.

El caso, explicó el Ministerio Público, abarca hechos prolongados en el tiempo y un escenario de presunto maltrato continuado, con episodios reiterados que, según el escrito de acusación, se desarrollaron en el entorno doméstico y, en ocasiones, también en espacios públicos, involucrando directamente a la unidad familiar.

La decisión sobre las posibles responsabilidades y sobre la magnitud de las penas queda aplazada mientras se reorganiza el calendario judicial. Según publicó el medio, el proceso seguirá su curso tras el retraso, manteniéndose las acusaciones y las solicitudes de la Fiscalía sobre el acusado.