Penas de hasta siete años de priaión por secuestrar y torturar a un hombre en un piso de San Blas (Madrid)

Cinco individuos reconocieron su participación en el secuestro, agresión y extorsión de un hombre en una vivienda de Madrid, tras un acuerdo que rebajó las condenas, las cuales inicialmente podían alcanzar los diecisiete años de privación de libertad

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El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid impuso condenas de hasta siete años y medio de prisión a cinco individuos que reconocieron su implicación en el secuestro, agresión y extorsión de un hombre dentro de un piso del distrito de San Blas, tras alcanzar un acuerdo de conformidad que redujo considerablemente las penas contempladas en un principio para este caso. Según publicó el medio fuente, la sentencia se emitió tras la aceptación de los hechos por parte de los acusados, quienes admitieron haber participado en los delitos señalados por la Fiscalía y la acusación particular. Inicialmente, el Ministerio Público solicitó hasta 17 años de cárcel, pero la condena se fijó entre cinco años y ocho meses y siete años y medio de reclusión, luego de aplicar diversas atenuantes, incluidas las de drogadicción y reparación del daño.

El presidente del tribunal leyó la resolución que explicita la rebaja significativa en comparación con las penas solicitadas al inicio del proceso. De acuerdo con la información de la audiencia recogida por la fuente, las defensas de los procesados solicitaron la posibilidad de suspender las penas, argumentando que sus representados reciben tratamiento de desintoxicación en prisión, lo que permitiría acceder a medidas alternativas a la reclusión. La Fiscalía atribuyó a los cinco condenados la comisión de delitos de detención ilegal, robo con violencia y el uso de instrumentos peligrosos, extorsión, lesiones y tenencia ilícita de armas, señalando su participación directa en los hechos ocurridos en abril de 2024.

La noche del 25 de abril de 2024, dos de los acusados localizaron a la víctima cerca de la estación de metro Simancas, en Madrid. Ambos lo invitaron a acompañarlos al domicilio ubicado en la avenida Hermanos García Noblejas, propiedad de uno de los procesados. Una vez en el interior del inmueble, donde se encontraban los otros miembros implicados, la víctima observó drogas en el salón e intentó retirarse. Según detalló el fiscal y consigna la fuente original, fue entonces cuando uno de los encausados le bloqueó la salida y lo amenazó: “Ahora sí que no te vas, ya nos estás dando todo el dinero y lo que tengas o te vamos a matar”. A partir de ese momento, los procesados procedieron a sustraerle la cartera con 350 euros y lo privaron de la libertad dentro de una habitación durante unas tres horas.

La víctima permaneció sentada en una silla, expuesta a una serie de golpes en la cabeza asestados con los puños por uno de los acusados, mientras el resto presenciaba la situación. Posteriormente, se sumaron otros dos procesados, quienes le propinaron golpes adicionales en cabeza y costillas, así como rodillazos en la nariz. El fiscal afirmó, citando la fuente, que en un momento determinado, uno de los presentes mostró una escopeta y un cuchillo de empuñadura militar de color verdoso mientras le advertía: “Esto es para ti”. Ante un intento de fuga por la ventana, la víctima fue retenida nuevamente.

Según publicó la fuente, en el transcurso de la agresión, uno de los acusados utilizó un cuchillo para herir al hombre en la mano, mientras otro le golpeaba con la culata de la escopeta en el rostro y la cabeza. Otra de las amenazas proferidas incluía la advertencia de “cortarle los tendones”, lo que provocó un nuevo intento de huida del afectado, frustrado de nuevo por los agresores. El grupo procedió a atarle de pies y manos usando bridas y cordones para impedir cualquier escapatoria.

Durante el tiempo que la víctima permaneció contra su voluntad, los encausados le obligaron a comunicarse con su jefe para solicitar dinero. Tal como reportó el medio fuente, el 26 de abril a las 10:26 horas, el hombre telefoneó a su superior y le pidió 400 euros, los cuales fueron transferidos mediante Bizum al número de teléfono de uno de los acusados. Dos horas más tarde, se repitió la operación con otros 200 euros transferidos al mismo número. Tras obtener el dinero, los agresores se apropiaron de las llaves, el teléfono y la cartera de la víctima, prohibiéndole que denunciara lo sucedido, bajo amenaza de hacerle “lo mismo” a su esposa.

De acuerdo con la cronología de los hechos detallada por la fuente, alrededor de las 15:00 horas del 26 de abril, la víctima consiguió abandonar el piso y recibió el auxilio de un vecino en la vía pública, quien dio aviso a los servicios de emergencia y a la Policía Nacional. Los agentes acudieron al domicilio señalado y detuvieron a todos los involucrados presentes, con excepción de uno que ya había abandonado el inmueble.

Las lesiones sufridas por la víctima incluyeron fractura de los huesos nasales y del tabique, así como edema periorbitario, contusiones en cabeza y cuello, y una herida inciso-contusa en la mano izquierda que requirió puntos de sutura, según precisó la fuente. El registro policial al domicilio permitió hallar una defensa rígida - considerada arma prohibida -, diversos cuchillos, un machete de caza, una pistola semiautomática, una escopeta tipo carabina y un fusil de aire comprimido de 4,5 milímetros, sin que los detenidos dispusieran de permiso legal para la tenencia de armas.

El desarrollo de la vista oral permitió la exposición de todas las pruebas, hechos y agravantes, así como la aceptación de las atenuantes de drogadicción y reparación parcial del daño por parte de los acusados, factores que motivaron la reducción de las penas originalmente solicitadas por la Fiscalía. Los abogados defensores recalcaron la actual participación de sus defendidos en tratamientos contra la adicción a las drogas dentro del centro penitenciario, lo que figura como elemento a considerar en la aplicación de medidas que suspendan el cumplimiento efectivo de las condenas.

Según consignó la fuente, la resolución del tribunal deja constancia del reconocimiento de los hechos por los acusados, la gravedad de los delitos probados y las circunstancias personales que han permitido la reducción de las penas, conforme al acuerdo alcanzado entre las partes ante la Audiencia Provincial de Madrid.