El expediente enviado al juzgado relaciona como beneficiarios de las promociones de viviendas de protección pública de Les Naus, en Playa de San Juan de Alicante, a personas vinculadas al Ayuntamiento, además de otros adjudicatarios que, según la investigación, sobrepasaban los límites de renta o patrimonio exigidos por la normativa. Según ha publicado el medio 'Información' y ha confirmado Europa Press, la Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana entregó un informe al juzgado encargado de analizar las posibles irregularidades, en el cual se detectaron seis adjudicaciones que no cumplían con los criterios para acceder a estos inmuebles públicos.
De acuerdo con Europa Press, la revisión administrativa indica que, aparte de los seis casos en los que los ingresos o las propiedades de los adjudicatarios superaban los máximos permitidos, existen tres expedientes adicionales en los que los solicitantes no presentaron la documentación que les requirió la administración autonómica. En este grupo figura el caso de la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante, cuyo esposo, empleado técnico de la Conselleria, fue suspendido de empleo y sueldo por su intervención en la validación del visado relativo al residencial de vivienda protegida. También integra esta lista la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, cuya documentación no llegó a completarse en plazo.
Según reportó Europa Press, ambas funcionarias comunicaron a la administración su intención de renunciar a las viviendas adjudicadas, después de que se detectara la falta de documentación y se pusiera bajo escrutinio el cumplimiento de los requisitos económicos exigidos.
La Consejería de Vivienda explica en el informe, según detalla el medio 'Información', que la mayoría de los incumplimientos detectados corresponden a ingresos familiares o patrimonio inmobiliario superiores al umbral fijado para acceder a las viviendas de promoción pública. Este análisis abarca un total de 140 inmuebles, de los cuales se han revisado de manera pormenorizada todas las adjudicaciones para comprobar la idoneidad de los beneficiarios.
La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, responsable de esta causa, remitió la documentación aportada por la Consejería de Vivienda y la cooperativa promotora de las viviendas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según informó Europa Press. La magistrada también acordó trasladar las actuaciones al Ministerio Fiscal y entregar a la UDEF la documentación que el Ayuntamiento proporcionó como respuesta al requerimiento judicial.
En paralelo a estas diligencias judiciales, el jueves se constituyó en Les Corts la comisión parlamentaria destinada a esclarecer las condiciones en las que se otorgaron las viviendas de protección pública de Les Naus, según lo indicado por Europa Press. Esta comisión tendrá a Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (Partido Popular) como vicepresidente, y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, manifestó que pone a disposición de la comisión de Les Corts toda la información y colaboración necesarias, mostrando disposición a prestar declaración y aportar “absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo” parlamentario solicite, según publicó Europa Press. Barcala remarcó su interés en que se clarifiquen los hechos objeto de la investigación parlamentaria y judicial.
La investigación en marcha pretende determinar tanto el alcance de las irregularidades detectadas como la posible existencia de responsabilidades legales entre los funcionarios y beneficiarios implicados. La administración autonómica, la Policía Nacional, el Ministerio Fiscal y Les Corts colaboran de manera coordinada en la revisión de los expedientes y la depuración de los procedimientos internos que dieron lugar a la adjudicación de los inmuebles.
El caso mantiene la atención pública y política en la Comunidad Valenciana, especialmente por la implicación de personal de administraciones municipales y autonómicas en la tramitación y obtención de viviendas de protección pública. La comisión de investigación de Les Corts buscará esclarecer las circunstancias que rodearon la falta de cumplimiento de los criterios legales en la adjudicación de estas viviendas, en un proceso que cuenta con la colaboración de autoridades judiciales y policiales, y la supervisión parlamentaria, según consignó Europa Press.
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