En un escrito remitido al Tribunal Supremo, el abogado Francisco Miranda formalizó su renuncia inmediata, unilateral e irrevocable a la defensa de Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’. Miranda señaló que la ruptura definitiva en la relación de confianza entre defensor y cliente se debió a actuaciones y declaraciones incompatibles con la lealtad y la cooperación exigidas en la relación profesional. De acuerdo con Europa Press, el letrado detalló que su decisión respondía al ejercicio de su libertad e independencia profesional, dejando claro que la relación con Romillo se había tornado insostenible.
Según informó Europa Press, Álvaro Romillo enfrenta una investigación en el Tribunal Supremo, donde se analiza la entrega de 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, recurso destinado a la campaña electoral de ‘Se Acabó La Fiesta’. Romillo confirmó ante el tribunal que la transferencia de fondos tuvo lugar para ser utilizada específicamente en ese contexto electoral. Ante los medios, el empresario afirmó durante su declaración en julio del año pasado: “Son para el uso de la campaña”.
El mismo empresario está siendo además procesado por la Audiencia Nacional, señalado como presunto responsable de una supuesta estafa piramidal vinculada a la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC). El juez José Luis Calama, quien instruye el caso, ordenó el ingreso en prisión provisional de Romillo al encontrar riesgo de fuga. Europa Press consignó que la investigación judicial abarca también a otras nueve personas acusadas de participar en la presunta trama, la cual habría defraudado más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
El magistrado considera que Romillo fue el responsable de idear y encabezar una organización criminal con estructura jerárquica, asumiendo directamente su liderazgo, siempre con el propósito de obtener lucro ilícito, según documentos judiciales citados por Europa Press. El carácter y el alcance de las actividades atribuidas a Romillo motivaron la intervención judicial que derivó en su encarcelamiento preventivo.
La conexión entre la investigación por financiación política y las acusaciones relacionadas con criptomonedas añade complejidad al proceso legal en curso. Europa Press reportó que la investigación sobre la transferencia de los 100.000 euros ha tenido un papel central en la causa que sigue el Tribunal Supremo, especialmente después de que Romillo reconociera la entrega del dinero durante su comparecencia. Por otro lado, la Audiencia Nacional continúa el proceso por supuesta estafa a miles de inversores, atribuyendo a Romillo el diseño y liderazgo de la operativa bajo sospecha.
La renuncia de Francisco Miranda como abogado defensor subraya las complicaciones que enfrenta la estrategia de defensa de Romillo, tanto en el procedimiento que instruye el Tribunal Supremo como en el que dirige la Audiencia Nacional. El contexto, descrito por Europa Press, involucra tanto la transferencia de fondos con fines políticos como la magnitud del presunto fraude vinculado a inversiones en activos digitales.
El papel de Romillo en los procedimientos judiciales y la fractura en la relación con su abogado defensor forman parte del desarrollo de una investigación en la que participan tanto el alto tribunal como organismos judiciales especializados en delitos económicos. Según la información documentada por Europa Press, la investigación seguirá avanzando, en paralelo con el proceso de búsqueda de nueva representación legal para el empresario, mientras las autoridades continúan analizando su papel en la entrega de fondos a campañas políticas y en supuestas operaciones de fraude con criptomonedas.
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