IU reclama al Gobierno que aclare si hay más documentación pendiente de desclasificar sobre el 23F

En las recientes preguntas formuladas por Enrique Santiago, se ha solicitado información concreta sobre los sistemas que se utilizan actualmente para rastrear eventuales eliminaciones de archivos del Estado españoles relacionados con el fallido golpe de Estado del 23F. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida detalló, según publicó el medio, que desea respuestas claras sobre si existen controles específicos que permitan identificar el borrado de documentos clasificados sobre el intento de golpe ocurrido en 1981. Esta preocupación surge después de la reciente desclasificación de 166 archivos pertenecientes a los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Santiago también ha exigido al Gobierno que aclare si la totalidad de las comunicaciones, informes y demás registros vinculados al 23F ya han sido desclasificados. Desde la semana pasada, tras la publicación de esos 166 documentos, el diputado del grupo parlamentario Sumar dirige una serie de preguntas que apuntan a esclarecer la existencia de posibles archivos aún sujetos a reserva oficial. Santiago interrogó si permanece bajo clasificación documentación adicional relevante y qué departamentos de la administración general del Estado custodian aún materiales sobre el golpe.

El portavoz de IU insistió, tal como reportó el medio, en que el Ejecutivo precise si alguno de los archivos vinculados al caso ha sido eliminado o ha desaparecido bajo la responsabilidad del Estado. En tal caso, reclamó que se den a conocer las actuaciones realizadas para controlar y rastrear la desaparición y gestión de dichos archivos oficiales, tanto en el pasado como en la actualidad.

Otra de las cuestiones planteadas por Enrique Santiago gira en torno a los plazos que marca la administración para la eventual desclasificación de documentos que sigan reservados, según informó el medio. El diputado solicitó que se indiquen tanto los criterios como el calendario que rigen la liberación de estos materiales y cuáles son las áreas encargadas de custodiar los archivos que permanecen clasificados. También pidió información sobre la naturaleza y el grado de acceso que tienen distintos organismos estatales a estos documentos, así como sobre la regulación actual del acceso ciudadano.

Según publicó el medio, Santiago dirigió una pregunta específica sobre el régimen de acceso y custodia de toda la documentación judicial generada durante los procesos abiertos y juzgados relacionados con el 23F. El diputado solicita transparencia en cuanto a cómo se gestiona, almacena y protege esta documentación dentro del sistema judicial español, así como los límites o restricciones que existen para su consulta fuera del ámbito institucional.

El medio consignó que estos requerimientos del portavoz de IU llegan en un momento en el que el debate sobre la transparencia y el acceso a la memoria histórica se mantiene vigente en el panorama parlamentario español. La reciente desclasificación de los 166 documentos de los ministerios señalados ha reactivado la discusión acerca del grado de cumplimiento real de las obligaciones de acceso a la información referente a uno de los episodios más significativos de la historia reciente de España.

Las preguntas presentadas por el grupo Sumar, de las cuales es portavoz Enrique Santiago, apuntan también a clarificar si persisten procedimientos abiertos o previstos para desclasificar materiales que aún no han visto la luz, así como a dar cuenta de las garantías y supervisión sobre la integridad y la preservación de documentos que forman parte del patrimonio histórico y jurídico estatal. Tal como reportó el medio, con estas solicitudes se busca garantizar tanto el control democrático como la máxima claridad en el tratamiento de archivos reservados, al tiempo que se reclama información sobre si los ministerios correspondientes disponen de mecanismos eficaces para documentar posibles alteraciones, traspasos o eliminaciones de los registros oficiales.

Dentro de este marco, la consulta de Santiago abarca dos vertientes: la situación actual de los documentos clasificados, y los protocolos que aseguren la trazabilidad y control sobre estos materiales en futuras actuaciones administrativas o judiciales. Según la cobertura del medio, estos elementos forman parte de un proceso permanente de revisión desde el ámbito parlamentario sobre la política de custodia, gestión y liberación de información relativa a sucesos históricos que han marcado las últimas décadas en España.