Pardo de Vera asegura que se limitó a derivar contactos en la compra de mascarillas y niega haber borrado información

La discusión sobre el dispositivo móvil entregado tras el cese de Isabel Pardo de Vera al frente de Adif resultó clave en la respuesta de la exdirectiva a la investigación en curso sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. Según el escrito remitido por Pardo de Vera al juez que lleva el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, y al que accedió Europa Press, la información y comunicaciones correspondientes a su gestión en Adif quedaron a disposición de la entidad y el teléfono incautado no corresponde al equipo que empleó en su etapa como presidenta. El meollo del debate gira en torno a su supuesta implicación en el procedimiento de adquisición de mascarillas y a la posible eliminación de archivos en los dispositivos intervenidos, tema que Pardo de Vera rechaza enérgicamente.

Según publicó Europa Press, la exdirectiva se defendió ante la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en su último informe, señaló que parte de los contenidos de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera podría haber sido eliminado, afectando al periodo bajo investigación. Pardo de Vera sostuvo que no realizó ninguna portabilidad de datos de los dispositivos de Adif y aclaró que, al finalizar su gestión en julio de 2021, entregó tanto el móvil como el ordenador de trabajo a la entidad pública, manteniendo únicamente el número de teléfono pero sin trasladar la información corporativa. De acuerdo con la política interna de Adif, toda la información de esa etapa quedó bajo control de la compañía, reiteró en el escrito consultado por Europa Press.

En relación a su supuesta participación en la contratación de mascarillas, el medio Europa Press detalló que los investigadores de la UCO destacaron que Pardo de Vera habría intercambiado mensajes previos a la adjudicación del contrato con Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Estos mensajes, según consta en el expediente, permiten inferir que García intervino en la elección de la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama y adjudicataria del encargo para el suministro de mamparas y mascarillas durante la pandemia. La investigación reseñó que, a través de los mensajes, se podría acreditar que la contratación se concretó en el organismo que dirigía Pardo de Vera.

Ante estas afirmaciones, la defensa de Pardo de Vera matizó en el escrito, según consignó Europa Press, que tras la encomienda realizada a Adif para adquirir cinco millones de mascarillas, fue el Ministerio de Transportes quien le facilitó, a través de Koldo García, los teléfonos de Íñigo Rotaeche, responsable de Soluciones de Gestión, y de Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado en ese momento. La exdirectiva insistió en que remitió inmediatamente estos contactos al funcionario de Adif encargado de gestionar la contratación, contexto que explicaría el contenido de los mensajes con García, fechados el 26 de marzo de 2020.

El escrito entregado al juez destaca además, siguiendo la información de Europa Press, que el comentario en el que Koldo apuntaba que “Íñigo es el del contrato” hacía referencia a un acuerdo firmado previamente por Puertos del Estado y no al concurso que en ese momento gestionaba Adif. La defensa de Pardo de Vera afirmó que su intervención se limitó a canalizar la información y los contactos entre responsables, sin haber asumido un papel activo en la adjudicación ni haber eliminado informaciones relevantes en los dispositivos electrónicos asociados a su antiguo cargo.

Europa Press señaló que Pardo de Vera argumentó que su móvil entregado durante la investigación no correspondía al utilizado en los hechos bajo escrutinio, razón por la cual no pudo hallarse allí correspondencia o materiales referidos al periodo como presidenta de Adif (junio de 2018 a julio de 2021). Al tomar posesión como secretaria de Estado de Transportes, en julio de 2021, recibió un nuevo teléfono corporativo, el cual, según el escrito, también devolvió a la administración al cesar en febrero de 2023.

Durante el registro en el que sus dispositivos fueron requisados, Pardo de Vera comunicó esta circunstancia a los agentes de la UCO, según consta en lo narrado por Europa Press. La exdirectiva calificó como inadmisible y carente de fundamento la hipótesis de que hubiese eliminado información para obstruir la investigación, justificando la ausencia de registros en los dispositivos intervenidos por el cambio de equipos y la política de la compañía pública. Su defensa insistió en que todos sus datos corporativos durante la presidencia de Adif permanecieron en la administración, tal como dicta la normativa interna sobre el empleo de dispositivos electrónicos.

La investigación sobre la compra de mascarillas sigue su curso en la Audiencia Nacional, con especial atención al papel desempeñado por los distintos responsables involucrados. El informe de la UCO y las respuestas de Pardo de Vera, según reportó Europa Press, son ahora parte del material que el juez revisa en el marco del conocido como ‘caso Koldo’, relativo a supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.